Valladolid
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avivó este viernes el fuego en el campo al excluir a las organizaciones agrarias de una reunión sobre los problemas en el sector, un encuentro en el que el Gobierno respondió a las protestas que se producen en toda España anunciando un incremento de las inspecciones laborales a los agricultores.
La irritación de las organizaciones agrarias alcanzó uno de sus puntos máximos, después de que a última hora del jueves se les dejase fuera de la reunión a la que habían sido convocados de urgencia por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un día antes.
Las razones de la anulación del encuentro eran "problemas de agenda" de la ministra, aunque los representantes de los agricultores descubrieron que la cita se mantenía, pero solo con los sindicatos UGT y CCOO y a la misma se incorporaba el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
La anulación fue calificada de "bochornosa" por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien acusó a Iglesias de "preferir una foto a solucionar los problemas del campo".
La desconvocatoria de la reunión provocó numerosos problemas a los representantes de las organizaciones agrarias, convocadas inicialmente. Algunos, se habían trasladado de Badajoz a Madrid, donde hicieron noche, para descubrir que el encuentro finalmente había sido suspendido. Otros, de viaje desde Sevilla, se apearon del AVE en Córdoba al conocer la nueva situación.
En medios agrarios consultados por elEconomista atribuyen a la ministra las maniobras para dejar fuera de la reunión a las organizaciones agrarias, que mantienen una posición muy crítica con la subida del SMI.
Sin representatividad
Una tesis que concuerda con el hecho de que UGT y CCOO han reconocido que fueron convocados a la reunión a principios de semana. Tras decidir la exclusión de las organizaciones agrarias, Díaz citó el jueves al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), próximo a Podemos.
La presencia de este sindicato fue objeto de protesta por parte de UGT y CCOO. Según especificó este último sindicato, SAT no es representativo en Andalucía, ya que cuenta con menos del 1% de todos los delegados sindicales en esta comunidad en empresas del sector agrícola, frente al 90% que aglutinan los dos mayoritarios.
En la reunión con los sindicatos, lejos de abordarse las reivindicaciones del campo para amortiguar la subida del Salario Mínimo, Díaz e Iglesias asumieron las tesis de los sindicatos, criminalizando a los empresarios agrarios y se comprometieron a intensificar las inspecciones laborales para detectar prácticas irregulares de los empleadores.
Ésta será una de las medidas que pondrá en marcha una mesa de trabajo, que se constituirá para "dignificar" la situación de los jornaleros, según explicó la responsable del sector primario de la Federación de Industria en Andalucía, Mónica Vega. Desde UGT FICA, su responsable agrario, Emilio Terrón, insistió en que el Gobierno debe cambiar la ley para que afloren "las miles de peonadas que no se declaran".
Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, aseguró que "las inspecciones en el campo las tenemos todos los días. Lo único que pido es que si se hacen, sean igual que en otros sectores y que no vaya la Guardia Civil con tres coches y los inspectores de Trabajo".
Otro de los compromisos del encuentro fue acometer las "modificaciones necesarias" para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en los sentamientos de jornaleros temporales. El Ejecutivo dejó claro que "no va a permanecer impasible" ante las declaraciones del relator especial de la ONU, Philip Alston, que afirmó que las condiciones de los trabajadores eventuales del campo de Huelva eran "mucho peores que las de un campo de refugiados".
También se aprobó una reducción de las peonadas de 35 a 20 para poder acceder al subsidio agrario de manera "coyuntural", con el objetivo de dar respuesta a la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha dificultado el acceso a las peonadas, una decisión que beneficia fundamentalmente a la base electoral de la izquierda, y que tampoco ha sido consensuada con las organizaciones agrarias, como se venía haciendo desde hace décadas.
La jornada del viernes fue un capítulo más del "carajal" que, según el secretario regional de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, hay en el Gobierno sobre la situación del campo. La última que se ha sumado a esta ceremonia de la confusión ha sido la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que el pasado miércoles abrió la puerta a una "sectorialización" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La CEOE se va de una reunión
La exclusión de las organizaciones agrarias, las patronales del campo, de la reunión provocó que los representantes de CEOE, Rosa Santos y Pedro Fernández, se ausentaran de la mesa de negociación técnica sobre la reforma laboral que mantenían con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. A esto se sumó el hecho de que durante la reunión, varios miembros del Gabinete de la ministra, entre ellos el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez, abandonasen la sala de manera escalonada para atender cuestiones relacionadas con la reunión que se celebraba sobre la situación del campo, lo que ha provocado el malestar de CEOE y Cepyme, que aseguran que CCOO y UGT también se han sentido molestos por la situación y se han marchado asimismo del encuentro, informa Ep. Fuentes del sindicato socialista, no obstante, han negado el malestar y aseguran que la cita se ha suspendido de mutuo acuerdo al solaparse con la agraria.
