Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) copó el mercado eólico nacional el año pasado, al instalar 375 turbinas con una potencia conjunta de unos 1.200 MW, alrededor del 70% de los 1.700 MW que se levantaron en el territorio. Sólo con la venta de las máquinas, sin contar su instalación ni otros servicios, la empresa ingresó cerca de 900 millones de euros. Se trata de su mejor resultado en España de la última década.
El año pasado se produjo una carrera contrarreloj para conectar a las redes los 4.109 MW eólicos que el Gobierno adjudicó en las dos subastas celebradas en 2017, porque el 31 de diciembre era la fecha límite para que las nuevas instalaciones obtuvieran una garantía de precio mínimo de venta de la energía y para que los promotores recuperaran los avales presentados para participar en las pujas.
Al final, según los datos de cierre de 2019 publicados por REE, sólo consiguió llegar a tiempo el 40% de la potencia eólica adjudicada, unos 1.700 MW. Y de esa cantidad, SGRE, según los datos facilitados por la empresa, logró el 70%, unos 1.200 MW, su mayor volumen en el país en la última década. Con ello ha multiplicado por cinco la instalación de 2018 (217 MW) y por 41 la de 2018, sólo 29 MW.
El resto del mercado se lo han repartido la danesa Vestas, la norteamericana GE -proveedor exclusivo de los parques obtenidos por Forestalia, muchos de los cuales han cambiado de manos- y Nordex, filial de Acciona. Otro fabricante con pedidos, la germana Senvion, ahora en liquidación -parte la adquirido SGRE-, no ha podido cumplir sus compromisos.
Como adelantó elEconomista, SGRE estimaba a mediados de 2018, en función de los pedidos que ya tenía, que iba a alcanzar alrededor de un tercio de la potencia adjudicada en las subastas, unos 1.500 MW. Obviamente, parte de esa potencia no ha llegado a tiempo, aunque debería materializarse en los próximos meses. En total, España ha aportado el 17% de las ventas del negocio eólico terrestre del año, sólo por detrás de EEUU.
La compañía hispanogermana ha suministrado turbinas a 15 clientes para 30 parques eólicos en Aragón, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Navarra. Más del 80% de los aerogeneradores son del modelo SG 3.4-132, con 3 MW de potencia unitaria; como el precio medio de venta de las máquinas terrestres de la firma se situó el año pasado en unos 730.000 euros por MW, ha facturado más de 875 millones sólo por este capítulo, sin contar otros ingresos derivados de su instalación y de la prestación de servicios de operación y mantenimiento.
La mayoría de los aerogeneradores ha salido de las fábricas ubicadas en el país, como señala Enrique Pedrosa, Onshore Chief Regions Officer: "Este récord no hubiera sido posible sin el esfuerzo diario de nuestros trabajadores, su implicación es fundamental para lograr hitos tan importantes como este".
Desde una perspectiva ambiental, Pedrosa evalúa que los 1.200 MW producirán energía suficiente para cubrir las necesidades de 1 millón de hogares y evitarán la emisión de 3 millones de toneladas de CO2, "las mismas emisiones que 50 millones de árboles".
Tras el sobresaliente ejercicio de 2019, SGRE cuenta con el 55% de la flota eólica nacional, más de 13.200 turbinas, y contratos de servicios de mantenimiento por 5.600 MW, alrededor de la cuarta parte del total.
Reto logístico monumental
SGRE venía preparándose para el reto de la instalación, contratando gigantescas grúas para montar los aerogeneradores con antelación, adaptando las fábricas nacionales para el incremento de producción y construyendo un almacén logístico de 80.000 m2 en Aragón para suministrar los aerogeneradores a los parques en construcción según fueran avanzando sus obras y evitar los cuellos de botella.
Tras una inversión de unos 40 millones de euros para estas actividades, el fabricante dirigido por Markus Tacke ha contratado los servicios de 15 grúas -cuatro traídas desde el extranjero-, cerca de la mitad de todas las disponibles en Europa, y ha triplicado las horas de trabajo dedicadas a la construcción y la logística.
Este punto es particularmente relevante, puesto que ha realizado 6.000 transportes especiales -hacen falta unos cuatro recorridos por máquina-, el triple del volumen considerado habitual. De hecho, se cambió la legislación para que la seguridad privada pudiera sustituir a los cuerpos públicos en estos convoys.
Acuerdo laboral para evitar un ERE
En otro orden de cosas, la empresa y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para evitar que los 109 puestos de trabajo que se suprimirán en España -son 600 en todo el mundo- sean resultado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
La mesa de negociación vencía hoy y los sindicatos han informado a la plantilla de que las negociaciones se prolongarán hasta el próximo 30 de septiembre, "evitando salidas traumáticas" mientras se mantienen las negociaciones.
Además, el acuerdo amplía la vigencia de las negociaciones del ERE de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 -acababa el próximo 31 de diciembre- en el caso de que haya una nueva necesidad de ajuste. Este incluye una indemnización de 45 días por año trabajado y un plan especial para mayores de 55 años.
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