Madrid
Los grandes fondos y gestoras globales, que habían planeado inversiones millonarias para levantar nuevas viviendas de alquiler en España, se han puesto en alerta tras conocerse el documento de Coalición progresista que presentaron el lunes PSOE y Unidas Podemos. Entre las medidas que han acordado ambos partidos se incluye la intervención de los precios del alquiler, poniendo techo a las subidas de rentas en las zonas más tensionadas.
"La limitación de los precios puede impactar notablemente en los planes de negocio que habían previsto los grandes inversores en nuestro país, por lo que se pone en juego la llegada de un importante volumen de capital que estaba rondando sobre España", apuntan fuentes del sector a este periódico.
En el último año, este tipo de inversores han destinado alrededor de 2.000 millones de euros al mercado del alquiler, la mayor parte en proyectos de build to rent (promociones de viviendas construidas especialmente para este uso), que ahora están en riesgo.
Los expertos llevan meses advirtiendo de los efectos negativos que podría tener una intervención en este sector. "Que quieran aplicar indices, que ya han sido desastrosos en otras ciudades europeas como Berlín, sería un grave problema para el crecimiento del sector del alquiler", apuntó recientemente Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International España, en una entrevista a elEconomista.
"Lo que se necesita para que bajen los precios es una mayor oferta de pisos en alquiler", explicó el directivo. Sin embargo, lo que se va a conseguir con medidas como ésta es"precisamente lo contrario", ya que aplicando "trabas absurdas, como la limitación de las rentas, la oferta se parará".
Blackstone ya ha avisado en varias ocasiones del riesgo de intervenir este mercado
"Nosotros nos sentamos todos los días con todos los fondos que intentan venir a España y con los que ya están aquí invirtiendo. No ha habido ni uno que no nos haya dicho que cualquier tipo de intervención o regulación en los precios será una medida totalmente disuasoria para mantener esa inversión", explicó en su momento Carlos Zamora, director del área residencial de Knight Frank.
El mayor propietario de pisos en alquiler en España, Blackstone, ya ha avisado en varias ocasiones del riesgo de intervenir este mercado. Así, Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda y Anticipa, gestoras de activos del fondo, apuntó en su momento que la regulación de los precios "crea un marco desincentivador" y advirtió de los peligros de "sobrerregular en mercados en los que se está invirtiendo en alquiler, ya que esto puede hacer mucho daño".
Por su parte, Javier Rodríguez-Heredia, socio responsable del área residencial de Azora, una de las grandes propietarias de vivienda en alquiler en España, ya avisó tras la aprobación de la nueva Ley del Alquiler, que ampliaba de tres a siete años los contratos de alquiler cuando el propietario es una empresa, sin posibilidad de subir los precios más allá del IPC, de que la nueva normativa afectaría a "la entrada de capital institucional". "Estamos mandando el mensaje a los inversores de que en España no nos interesa el dinero institucional", apuntó el directivo.
Frenar subidas abusivas
Los planes del nuevo Gobierno de coalición pasan por "habilitar a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".
El objetivo de estos índices es que los consistorios y gobiernos regionales "que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".
Sin embargo, los expertos creen que estas medidas no van a surtir efecto. "Con las propuestas del nuevo gobierno se mantendrá e incluso aumentará la incertidumbre, en lugar de corregir el problema lo harán más grande. Las comunidades y ciudades donde se apliquen estas medidas acabarán teniendo menos oferta de alquiler, menos transacciones y precios más alto con afloramiento de mercado negro", advierte Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, que asegura que "por otra parte, esta regulación llega en un momento en que los precios ya estaban en una fase de normalización según todos los índices y cuando el mercado en realidad lo que necesita es reducir las incertidumbres legales para los propietarios, tolerancia cero frente a la okupación y estabilidad normativa tras años de cambios en la legislación de arrendamientos e hipotecas. Pero el futuro Gobierno propone lo contrario".
