Las discusiones entre la Comisión Europea y los Estados miembros para terminar de preparar los planes de recuperación, con los que acceder al fondo de 800.000 millones de euros, han entrado en una "fase crítica", dijo este jueves el vicepresidente de la Comisión al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis.
Han pasado nada menos que 18 años desde que las urnas posibilitaron su llegada a la Moncloa, pero sigue siendo aquel "optimista antropológico" al que le tocó lidiar el inicio de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia y cuyas medidas de ajuste aún sigue lamentando. A José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) -el hombre al que todos llamaban ZP, que inició su mandato retirando las tropas de Irak y legalizó el matrimonio de los homosexuales- no se le caen de la boca palabras como diálogo y consenso y, a pesar de estar retirado de la primera línea política, tiene una opinión perfectamente conformada de todos los temas de actualidad.
Las conversaciones entre Unidas Podemos y PSOE sobre la futura ley de vivienda han avanzado este jueves en un acuerdo para extender a la nueva la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad actualmente recogida en el decreto antidesahucios activo hasta el final del estado de alarma.
El Gobierno ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en plena polémica por las diferencias entre los dos socios de Gobierno sobre si abordar esta cuestión en la futura ley de vivienda.
El Gobierno de Sánchez lo ha vuelto a hacer. Esconder y no hacer ni caso de un informe de un órgano consultivo del Estado. Otra vez, en este caso con el Real Decreto Ley que regula el Instrumento Europeo de Recuperación, la norma para el reparto de los fondos europeos. Una vez más, la inseguridad jurídica se ha hecho presente esta legislatura. La voluntad del Gobierno se ha impuesto sobre la luz y taquígrafos que son obligados en una democracia parlamentaria.
Cuando todo apuntaba a que el acuerdo estaba cerrado, una vez más, las negociaciones siguen sin concluirse. El PP y el PSOE han sido incapaces de nuevo este jueves de ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas partes constatan que existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto.
José Manuel Pérez Tornero será el nuevo presidente de RTVE tras el pacto global alcanzado entre PSOE y PP para renovar las instituciones. El periodista, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y especialista en programas de televisión educativos tomará así las riendas de una radiotelevisión pública en caída libre tras 31 meses con Rosa María Mateo como Administradora Única Provisional.
Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que lleve la nueva Ley de Vivienda "con urgencia" al Consejo de Ministros para poder cumplir así con el acuerdo alcanzado entre ambas partes y siguen apreciando "resistencias" en su socio de gobierno, que ahora se remite a marzo como plazo temporal para tener lista la normativa, a la hora de aplicar la regulación del precio del alquiler.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "nunca" se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, pero ha cuestionado que el control de precios sea el mejor instrumento para ello.
El secretario de Estado de derechos sociales y portavoz de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha afirmado que el acuerdo de coalición "era claro" y planteaba una regulación de los precios del alquiler para evitar las subidas abusivas en zonas tensionadas, por lo que cree que "es difícil de entender este cambio de opinión del PSOE con una cuestión tan crucial para la vida de tantos españoles".
Las comisiones de agencia que conllevan las operaciones de compraventa o alquiler de inmuebles en las que media una inmobiliaria son hasta el momento asumidas en la mayoría de los casos por el comprador o arrendatario sin embargo esto podría cambiar en la nueva ley de vivienda si se atiende a la petición de Unidas Podemos y de Facua, que apuestan por cargar el gasto al mayor beneficiario del servicio.
Cuando le dices que se defina, afirma que es una mujer de ley y orden y, por encima de todo, una servidora pública: "Por eso consagré mi vida al derecho y oposité a la Abogacía del Estado. Me encanta la toga", señala. Sus amigos la definen como una trabajadora incansable: " Yo estoy disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana, porque cuando tu sueldo lo pagan todos los españoles hay que sudar la camiseta". Macarena Olona (Alicante, 1979) portavoz adjunta y secretaria general de Vox en el Congreso, tiene un discurso muy de derechas, casi de libro. Algunos le llaman la Dama de Hierro porque detrás de su apariencia cuidada y elegante se esconde un volcán dialéctico que no deja títere con cabeza en sus intervenciones parlamentarias, donde suele hacer gala de su manejo de la legislación y su verbo fácil. Su pasión además de la política y el Derecho tiene un nombre: Diego, su hijo, que acaba de cumplir 13 meses. "Me tuve que incorporar al trabajo a las tres semanas de nacer sangrando todavía de la cesárea. Afortunadamente, podía estar muy bien cuidado y a mi me demandaba la patria y el honor, como dicen en la Guardia Civil", explica.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, como plantea su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y ha apostado por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es una de las responsabilidades de los poderes públicos que, sin duda, debe ejercerse en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos con una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia reciente.
El Partido Socialista en Castilla y León no descarta la presentación de una moción de censura contra el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, si bien recuerda que para ello no bastarían los votos de sus parlamentarios para tumbar un Ejecutivo que, según denuncia, no ha cesado de perjudicar a los ciudadanos de la Comunidad con decisiones adoptadas sin contar con nadie.
El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".
La demonización sistemática a la que las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) se han visto sometidas en nuestro país ya se ha cobrado un alto precio. Su cierre es constante hasta el punto de que ahora hay registradas casi 1.000 menos que en 2015, el año en que su número marcó récord.
Las elecciones autonómicas catalanas de este domingo han servido para reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez, con el contundente triunfo de Salvador Illa, y al tiempo, para debilitar a una oposición constitucionalista de lo que solo Vox ha sabido sacar provecho con el casi millón de votos perdidos de Ciudadanos, votos repartidos entre el PSC y los de Santiago Abascal. Sin embargo, el triunfo de Illa, a primera vista se antoja insuficiente. El exministro de Sanidad se queda en manos de ERC, como en manos de Esquerra y de sus presiones en el juego de la gobernabilidad estatal se queda también Pedro Sánchez.
Gane quien gane las elecciones autonómicas del domingo, habrá un claro perdedor: los ciudadanos y empresas catalanes. La victoria en las urnas se prevé muy disputada entre PSC, ERC y Junts, aunque con necesidad de pactos postelectorales para conformar un nuevo gobierno autonómico, y todas las opciones con posibilidades de sumar para ocupar la Generalitat abogan en sus programas electorales por subir impuestos o crear nuevos, o ambas opciones.
En su despacho de la plaza de Cibeles hay siempre una actividad frenética. Esta semana no solo ha tenido la visita de los Reyes -que presidieron la entrega de premios de la Asociación de la prensa de Madrid-, sino que ha supervisado los trabajos de rehabilitación del parque de La Gavia en Vallecas, ha asistido a la presentación de un programa formativo para jóvenes sobre espacios digitales, celebrado la junta ordinaria de gobierno, y se ha trasladado a Badalona para hacer campaña junto a Xavier Albiol. "Suelo madrugar mucho y llego tarde a casa. Tengo capacidad de trabajo, resistencia y ganas. Me faltan horas en el día, pero me encanta mi trabajo y para mi será un honor presentarme a una segunda legislatura", dice José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975), licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icai-Icade) y abogado del Estado desde 2001, es uno de los pata negra de Pablo Casado, que le incluyó en el comité nacional del partido al aterrizar en la presidencia y le nombró portavoz hace seis meses. Tiene un discurso, de centroderecha de libro y una forma de ser y estar en política amable y campechana, pegada al terreno y en contacto permanente con los ciudadanos. No se le cae de la boca la palabra Madrid y dice orgulloso que la sociedad madrileña resiste siempre frente a las adversidades.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido este lunes que no se abran debates alejados del objetivo de impulsar el crecimiento de la economía como es, a su juicio, la propuesta de que el BCE condone la deuda pública que tiene en cartera.
La desafección entre los ciudadanos y la política no es nada nuevo, traduciéndose en abstención en las citas con las urnas, pero en las elecciones al Parlament de Catalunya del próximo domingo 14 de febrero se le sumará el miedo al contagio de Covid-19, que también afectará a la propia constitución de las mesas electorales, hasta el punto de que ya se contempla tener que prolongar un día más los comicios para aquellas mesas electorales que no puedan ser constituidas el domingo por falta de integrantes -un cuarto de los citados han presentado recurso y se espera un elevado absentismo-, retrasándose también la publicación de resultados para evitar el voto táctico de los catalanes que voten más tarde según cómo fuese el recuento provisional.
No tiene un minuto libre y ahora está centrado no solo en las movilizaciónes -que el sindicato que lidera ha planteado para la próxima semana-, sino en cómo tramitar el reparto de los fondos Covid. Aunque no oculta que se siente ideológicamente cómodo con un gobierno de izquierdas, dice que están hartos de que sus promesas no tengan reflejo en el BOE. "Hay un programa que deben cumplir ya", advierte. Tal vez por eso cuando le preguntas si tiene el alma dividida por su condición de sindicalista y militante del PSOE desde hace más de cuarenta años reacciona rápido: "En UGT, más allá de nuestros lazos históricos con el PSOE, no somos primos y no damos cheques en blanco a ningún gobierno". Haber liderado durante un cuarto de siglo la UGT catalana y llevar afiliado al sindicato socialista desde el 75 le han curtido en batallas laborales de todo tipo y no está dispuesto a bajar la guardia. "Debe visualizarse que hay una mayoría en España que quiere que se derogue la reforma laboral, que no se recorten las pensiones y que se suba el salario mínimo (SMI)", advierte. A Josep María Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) todos en su entorno le llaman Pepe, haciendo honor a su fama de campechano y sencillo con un discurso de sindicalista en estado puro, pragmático y resolutivo. Es la voz de la UGT, el hombre que lidera uno de los dos sindicatos más importantes de España y ha conseguido lo que parecía casi imposible en estos tiempos revueltos: elevar el nivel de afiliación, en descenso desde hacía años.
El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este jueves que haya "nada paralizado" respecto a la negociación de la futura Ley de Vivienda, después de que Unidas Podemos haya señalado que no habría nuevas reuniones hasta después de las elecciones en Cataluña para no perjudicar al candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.
Salvador Illa ya está plenamente centrado en la campaña electoral para convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. La fecha de los comicios se acerca y el partido ya ha presentado su cartel electoral, una imagen que ha provocado las burlas de Ana Rosa Quintana, quien cree que se ha retocado en exceso la fotografía.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves una nueva encuesta sobre las elecciones catalanas en la que se muestra que el PSC ganará con holgura los comicios en porcentaje de voto. Los de Salvador Illa consiguen una estimación de voto del 23,7%, casi cuatro puntos por encima de una ERC que obtiene un 19,9% y que la mayoría de sondeos dan por segura ganadora.
Uno de los socios del gobierno en Canarias, Podemos, ha expresado este martes su "absoluto hartazgo" con la política migratoria que aplica en las islas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que advierten de las constantes "manifestaciones de odio, racismo y xenofobia que están surgiendo en algunos barrios de Gran Canaria.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
Guillermo Galeote Jiménez, responsable de finanzas del PSOE hasta su dimisión cuando se le relacionó con el denominado 'caso Filesa' sobre financiación ilegal en el partido, ha muerto a los 79 años en Madrid, según ha confirmado su hijo en redes sociales.
