A Ryanair se le acumulan los problemas por el ajuste de actividad en España. Los sindicatos de los pilotos y los tripulantes de cabina (TCP) se han unido para demandar a la aerolínea ante la Audiencia Nacional por saltarse la ley para negociar y aprobar el despido colectivo (ERE) y por el "chantaje" efectuado en la base de Gerona para reducir los costes laborales al menos un 25 por ciento.
Así, Sepla (pilotos), USO y Sitcpla (TCP) han solicitado a la justicia española la impugnación del ERE que finalmente afecta a 224 trabajadores en las bases de Canarias, la mitad de la cifra inicial, por estar "plagado de múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación laboral española". Unas irregularidades que llevan denunciando durante todo el proceso de negociación y que finalmente llevó a la inspección de trabajo a personase en alguno de los encuentros para tratar de poner orden y garantizar unos mínimos legales. "Se han dado toda una serie de ilegalidades que deben conducir a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad o no ajustado a derecho del despido colectivo planteado", aseguran los tres sindicatos en una nota conjunta.
En concreto, la demanda señala que las causas productivas y organizativas que Ryanair alega para presentar el ERE y cerrar las bases "no quedan acreditadas e, incluso, algunas son inexistentes". Causas como la pérdida de rentabilidad o eficiencia en la bases de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife por las bajas tarifas y los altos costes operativos, la caída de la demanda en la base de Gerona durante el invierno, la incertidumbre ante el Brexit y el retraso en la entregas de los 737 MAX.
Los representantes de los trabajadores señalan que la compañía no ha probado de ninguna manera el descenso de la demanda o facturación en las bases canarias (no ha dado datos) y que no ha demostrado un cambio en la operativa de Gerona, donde la estacionalidad de la demanda es "una constante desde la apertura de la base". "No se aprecian cambios ni en la capacidad ni en la demanda de Gerona desde el año 2016", explican los sindicatos en la denuncia.
En cuanto a los retrasos del 737 MAX, que según la compañía, les ha llevado a reducir su ritmo de crecimiento en Europa del 10 al 2 por ciento y a recortar un 2 por ciento de capacidad en España de cara al 2020, los pilotos y los TCP explican que la firma tiene 60 aviones parados durante la temporada de invierno por lo que no tendría por qué quitar aviones de nuestro país. En este punto, señalan que la compañía no tiene previsto en ningún caso llevar los 737 MAX a las bases de Canarias cuando los reciba.
Ryanair esperaba recibir 56 aviones 737 MAX a lo largo del año que viene, cifra que bajó primero a 47, luego a 20, posteriormente a 10 y que ante el freno a la producción del modelo podría bajar a cero, lo que le obligaría a revisar otra vez sus planes de crecimiento.
Chantaje en Gerona y pacto bajo cuerda
Dentro de las irregularidades que los trabajadores señalan se encuentra la propuesta para no cerrar la base de Gerona y la promoción de soluciones individuales al margen de las negociaciones del ERE para que trabajadores afectados pasasen a otras empresas de la compañía con peores condiciones, como la polaca Buzz o la aerolínea maltesa, para que solicitasen permisos sin sueldo o para que se trasladase a otras bases españolas o extrajeras con cambio en las condiciones en algunos casos. Unas propuestas que también ha hecho en todas las bases de España a las que ha ido enviando cartas tras anunciar el ERE para pedirles a los pilotos que redujera su jornada un 25% o pidieran permisos sin sueldo voluntarios y así evitar tener que llevar a cabo más despidos.
En cuando a Gerona, el escrito contiene un apartado específico para denunciar lo que ellos consideran "una auténtica coacción, un fraude, un intento de engaño y un ejemplo de no negociar de buena fe". Y es que, según explican, la irlandesa planteó durante las negociaciones del ERE la posibilidad de mantener la base catalana abierta si el resto de los trabajadores de las bases de Canarias aceptaban el ERE con las condiciones mínimas: 20 días por año trabajado. Propuesta que no se aceptó. Aun así, una vez cerrado el ERE sin acuerdo, Ryanair presentó unas medidas de acompañamiento para que los trabajadores catalanes aceptaran novar sus contratos y pasar a fijos discontinuos a cambio de no ser despedidos.
Un cambio contractual que tiene letra pequeña: una nueva antigüedad, un régimen ilimitado de movilidad, la extinción obligatoria a las 65 años, la obligación de realizar horas extra sin remuneración adicional, la posibilidad de la empresa de modificar las vacaciones y la modificación de categoría y funciones. Modificaciones que han llevado a la Generalitat a abrir una investigación y al Ministerio de Trabajo a abrir otra y a enviar una carta a Ryanair advirtiéndole de que "no tolerará ilegalidades".
"La falta de aportación del plan de recolocación externo; o la diferencia entre la comunicación de decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral en cuanto a indemnizaciones por despido, vacantes, listado definitivo de afectados (224 de los 502 que recibieron la carta anunciando el ERE), fecha efectiva de los despidos o situación de la base de Girona, entre otras, son hechos que se prueban en el escrito y que incumplen distintos artículos del Real Decreto 1483/2012 y del Estatuto de los Trabajadores", denuncian los tres sindicatos en un comunicado.
