La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado admitir a trámite una denuncia presentada por el abogado Ignacio Colls contra la Junta Única de Resolución (JUR) europea y Deloitte por la resolución del Banco Popular y su posterior venta al Santander por un euro.
La juez esgrime que los hechos que denuncia son las presuntas filtraciones de información por parte de la presidenta de la JUR, Elke König, que hicieron caer la entidad, circunstancias que ya investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional, donde ya está personando el letrado. Asimismo, recuerda que las diligencias que ha solicitado respecto al caso, como comprobar la veracidad de la firma del expresidente del Popular, Emilio Saracho, en un acta del 6 de junio, ya le fueron denegadas por el otro juzgado. En la actualidad, el magistrado del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, es quien instruye la causa penal por la caída en junio de 2017 de la que fue la sexta entidad del país.
La denuncia de Ignacio Colls señalaba que la resolución de la JUR podía ser nula de pleno derecho de acreditarse la falsedad de los datos del informe del Deloitte sobre la situación del banco y el uso de información privilegiada y coordinada para la retirada masiva de fondos del banco que provocaron las crisis de liquidez. Además, apuntaba a que la firma del expresidente del banco, Emilio Saracho, de 6 de junio de 2017, en la que declaraba la supuesta inviabilidad, no fue estampada de su puño y letra. Posteriormente, amplió su escrito para denunciar que la filtración de información de la JUR a una agencia de noticias provocó el pánico en los inversores, procediendo éstos a retiradas masivas, lo que tuvo como consecuencia la falta de liquidez.
