Un día antes del pronunciamiento oficial de Estados Unidos sobre los aranceles anunciados hace un par de semanas, su presidente, Donald Trump, ha asegurado que los gravámenes a España se van a mantener, lo que ha puesto en pie de guerra a la industria alimentaria española. El sector se ha unido en una nueva plataforma para exigir a la Unión Europea que "adopte medidas concretas y contundentes y recuerda que se puede hacer frente a la amenaza de la Administración Trump imponiendo tasas a productos estadounidenses".
Según aseguran desde la patronal Fiab, "Bruselas cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de Comercio para imponer tasas a productos estadounidenses por valor de 4.000 millones de dólares", que no se llegaron a aplicar.
Las principales organizaciones empresariales, lideradas por la patronal Fiab, junto a representantes del sector primario han constituido una Plataforma para rechazar la imposición de estos aranceles en Estados Unidos a sus productos como represalia por el conflicto contra Airbus en el marco de la OMC y pedir tanto al Gobierno de España como de la Unión Europea "la máxima implicación y firmeza ante esta amenaza a uno de los sectores más dinámicos de la economía española como es el agroalimentario".
Todos los sectores representados en la Plataforma -la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab); la patronal del aceite, Asoliva; la de la aceituna, Asemesa; la de la cárnica, Anice; la de bebidas espirituosas, Febe; la láctea Fenil, la Federación Española del Vino (Feb); la de transformados vegetales Fenaval; Asozumos, del sector de frutas; la de los preparados vegetales Fenava; las cooperativas agroalimentarias y los sindicatos Asaja, Coag y Upa- coinciden en que la decisión adoptada por la Administración Trump responde a "una medida injusta y perjudicial".
Por ello reclaman "incrementar la presión negociadora hasta el último momento, tanto en las relaciones directas del Ejecutivo español con Estados Unidos, como por parte de la Unión Europea, para llegar a un acuerdo que evite la aplicación de los aranceles o al menos su congelación".
Intervención al más alto nivel
"No queremos ser moneda de cambio en una disputa ajena. Es fundamental la intervención al más alto nivel del Gobierno, la Comisión Europea y de los países aliados para evitar una guerra comercial abierta que será perjudicial en todas las direcciones", señalan desde la Plataforma.
Además, la Plataforma considera necesario que se empiece a trabajar de manera conjunta con los sectores en un plan concreto para la compensación a los afectados que pueda paliar el efecto negativo que provocarán los aranceles. "Estas medidas deberían ser efectivas a partir del día 19 de octubre, un día después de la fecha que está prevista que los aranceles entren en vigor, hasta que se llegue a una solución pactada. Además, en el caso de la aceituna de la aceituna negra las medidas de compensación deben incluir el daño sufrido desde el 28 de noviembre de 2017", afirman.
Con 1.843,47 millones de euros exportados en 2018, actualmente Estados Unidos es el primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas después de la Unión Europea. Las medidas arancelarias ponen en peligro las ventas a este país de los 8 sectores más afectados -aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, moluscos y frutas preparadas o conservadas-, y podrían suponer la pérdida de más de 5.000 empleos en España.
Impacto económico y social
Según un informe publicado este mismo jueves por el Banco de España, los aranceles de Trump implicarían, de hecho, un descenso de las ventas de productos agroalimentarios a Estados Unidos de, al menos, el 12%. Con todo, en términos macroeconómicos, el impacto es relativo: supone solo un 0,01% del PIB. De hecho, este miércoles la propia Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa en funciones, admitía que el impacto de los aranceles en España iba a ser más social que económico.
Desde el Consejo Sectorial de Cooperativas Agrarias se ha ido ante todo ello un paso más, cargando contra el Gobierno y la UE y pidiendo "medidas de Estado para un conflicto de Estados, que debe resolverse en el seno de la Unión Europea, al estar permitiendo la ruptura del mercado único y que se produzcan agravios comparativos entre sus países miembro".
Críticas al Gobierno y a Bruselas
Además, el presidente del Consejo, Gabriel Cabello, lamenta que en el caso de la aceituna, sea el propio sector el que está costeando su defensa ante Estados Unidos, unos gastos jurídicos que ya han supuesto el desembolso de 5 millones de euros, los cuales han sido asumidos íntegramente por cooperativas y empresas, que tienen previsto costes añadidos por 2,5 millones de euros.
"No entendemos que al igual que la Administración de Estados Unidos ha tomado parte activa en este asunto y está actuando a favor de las empresas de aceituna californianas, nuestro Gobierno de España y la Unión Europea no estén demostrando la misma implicación y nos aboquen a nosotros, a los agricultores, a defendernos con nuestros propios recursos", explica el presidente sectorial.
Dos de los mayroes productores de aceite y aceituna como Italia y Grecia han logrado esquivar, de hecho, los aranceles a estos productos, al contrario de lo que ha ocurrido en España y en el sector se sospecha que sus respectivos gobiernos han actuado con una mayor celeridad.
