Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con un conjunto de fondos para la venta parcial del arbitraje que su filial luxemburguesa CSP Equity Investments interpuso en 2013 contra el Reino de España en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte de las primas a las renovables. La compañía se estructurará como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir en favor de CSP a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones de euros así como una cantidad adicional, una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje. La ingeniería andaluza reclama más de 800 millones de euros , aunque con los intereses de demora esta cifra supera ya los 1.200 millones.
Abengoa ya ha procedido a solicitar a sus acreedores los consentimientos necesarios para poder formalizar la operación, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa ha aclarado que por ahora "se trata únicamente de un principio de acuerdo".
El grupo que preside Gonzalo Urquijo repite de esta manera la línea emprendida por otras compañías españolas como Telefónica, Acciona e Iberdrola, que en los últimos meses han traspasado, o están en proceso de hacerlo, una parte de los derechos sobre sus arbitrajes al fondo estadounidense Fortress.
La de Abengoa es la segunda mayor demanda que enfrenta el Estado español por el recorte a las renovables, solo superado por el de PV Investors (1.400 millones de euros). Hasta la fecha, España ha perdido 11 arbitrajes por esta cuestión, en la que enfrenta más de 40 demandas, y solo ha ganado dos (el de Isolux y el de Charanne), aunque ambos en la Cámara de Comercio de Estocolmo. En esta Corte se han resuelto otros dos contrarios al Gobierno español, aunque uno de ellos fue anulado por un tribunal. El importe de las condenas se aproxima a los 1.000 millones, si bien el Gobierno ha recurrido todas las resoluciones.
El arbitraje internacional de Abengoa fue interpuesto por CSP Equity Investment, titular de varias plantas termosolares en España (Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2). "Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (...) y constituye una expropiación", recogía la compañía en el folleto enviado a la SEC en 2013 con motivo de la salida a bolsa de la compañía en Estados Unidos.
Abengoa no reveló el importe inicial de la demanda, si bien fuentes próximas a la empresa sevillana indican que se situaba en el entorno de los 800 millones de euros. A esta cantidad se han ido sumando, entre otras cuestiones, los intereses de demora por cada año que se ha dilatado la resolución del proceso, por un importe que se aproxima a los 60 millones de euros anuales.
Han transcurrido seis años desde que Abengoa abrió el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo, que se dirime en La Haya
Han transcurrido seis años desde que Abengoa abrió el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo, que se dirime en La Haya. La expectativa es que la resolución tendrá lugar en los próximos meses.
Abengoa cuenta como asesor legal con el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que incorporó hace unos meses a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
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