Tarificar toda la red de carreteras de alta capacidad de España. Ésta es una de las cuestiones que el Gobierno de Pedro Sánchez, si consigue conformarlo, quiere abordar en la próxima legislatura. Se trata de una medida que busca resolver el déficit de mantenimiento que padece la red de autovías y abundar en la cohesión social y territorial. Sin embargo, es al mismo tiempo una decisión que puede recibir la contestación ciudadana, por lo que el PSOE pretende alcanzar un consenso parlamentario para llevarla a cabo. El Ministerio de Fomento, que dirige en funciones José Luis Ábalos, ya tiene sobre la mesa una propuesta desarrollada por Seopan, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias para implantar peajes blandos en toda la red, lo que generaría, según sus cálculos, un superávit público de más de 173.212 millones en 40 años.
La tarificación de toda la red de alta capacidad supondría alinearse con lo que ocurre en Europa. España tiene en la actualidad el 18% de sus vías interurbanas de pago, frente al 100 por cien que alcanzan hasta 23 países europeos. Italia alcanza el 86%, Francia el 79% e Irlanda el 38%. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos estados con todas sus carreteras gratuitas. Así, España cuenta con más de 13.000 kilómetros de alta capacidad gratuitos, lo que representa el 73% del total de Europa.
Más allá de la tendencia europea, el debate sobre el modelo de financiación de la red de autopistas y autovías española deriva precisamente de las dificultades económicas para mantenerla en condiciones óptimas. El coste de conservación de las carreteras sin peaje se financia a través de la vía presupuestaria. Una fórmula que se ha revelado inviable en los últimos años. No en vano, el déficit acumulado en el conjunto de la red supera los 7.054 millones de euros, de acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), presentado hace un año. De este importe 6.574 millones corresponden a carencias en el firme de las infraestructuras y 480 millones en equipamiento. De este modo, de media, las necesidades de inversión por kilómetro se elevan hasta los 69.353 euros.
Este agujero, además, es creciente, toda vez que las partidas que destina el Presupuesto General del Estado (PGE) para conservación de carreteras se mantienen por debajo de las necesidades mínimas. Las cuentas públicas asignaron en 2018 alrededor de 900 millones, una cifra muy alejada de los 1.500 millones que estima el sector. El Gobierno de Sánchez elevó el importe hasta los 1.100 millones para 2019, pero el Congreso tumbó los PGE.
Además, la red de carreteras libre de pago crecerá en los próximos años por la reversión de aquellas concesiones que llegan a su fin. Sucedió el pasado mes de noviembre con la AP-1 Burgos-Armiñón y el próximo 31 de diciembre le llega el turno a tres tramos de la AP-7 y a la AP-4 Sevilla-Cádiz. Hasta 2021 cerca de 1.500 kilómetros serán asumidos por la Administración, con el consecuente incremento de las necesidades presupuestarias para su mantenimiento.
La propuesta de Seopan
En este escenario, el Ejecutivo socialista ya trató de abrir el debate el pasado año sobre el pago por uso en las carreteras españolas. Planteó, en este sentido, la creación de una subcomisión para estudiar un nuevo modelo de financiación, pero no llegó a constituirse. 'ElPaís' ha informado este martes de que el Ministerio de Fomento trabaja en la idea de implantar un peaje "simbólico" en las autovías y autopistas gratuitas, con un coste para el usuario que sería en torno a la décima parte inferior a los actuales peajes de las autopistas. Ábalos, sin embargo, ha asegurado en una entrevista en Telecinco que "es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado". Las tarifas de las autopistas de pago de España son muy diversas. De hecho, las diferencias oscilan entre los 0,05 euros y los 0,39 euros (en algún caso de titularidad de la Generalitat de Cataluña).
A la espera de que se forme gobierno, Ábalos ya tiene sobre la mesa la propuesta de Seopan para fijar peajes blandos, por un importe de 0,03 euros por kilómetro para los vehículos ligeros y de 0,14 euros para los pesados, en la red interurbana, formada por 14.130 kilómetros (13.119 kilómetros libres y 1.011 con fecha de reversión hasta 2022).
La patronal plantea dos opciones temporales para la concesión: 25 y 40 años. Así, el modelo implicaría una aportación del sector privado de entre 29.490 millones y 43.108 millones derivados de un canon inicial y de la puesta a cero tanto de la red. En paralelo, el impacto fiscal para las Administraciones Públicas de la tarificación de las autovías propiciaría un superávit total de 80.518 millones en 25 años (límite que recoge la ley de desindexación) o de 173.212 millones en 40 años. Estas cifras se justifican en el ahorro para las arcas públicas de los costes de operación y mantenimiento de las vías (entre 21.250 y 34.000 millones) y en los mayores retornos vía impuestos (IVA, IBI, ITP, Sociedades). En términos anuales, los importes se situarían en una horquilla de entre 3.217 y 4.330 millones.
Los transportistas se oponen
La organización que preside Julián Núñez propone un modelo sin pórticos y con tecnología satelital. Contempla una actualización de tarifas anual igual al IPC y una hipótesis de reducción de ingresos por leakage (pérdida de tráfico por permeabilidad de la red y razones tecnológicas como fallos de lectura de matrículas) del 35,6%.
El pago por uso de las carreteras de alta capacidad en España posibilitaría el mantenimiento de las infraestructuras con financiación propia, lo que, a su vez, liberaría recursos para nuevos proyectos o para otros fines sociales. También pretende igualar la competencia entre los distintos modos de transporte (por el tren y el avión se paga), al tiempo que permitiría fomentar las mercancías por ferrocarril.Adicionalmente, repercutiría en los transportistas extranjeros el coste de utilizar las autovías de España, tal y como les ocurre a los españoles en el resto de Europa.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha señalado este martes, sin embargo, su rechazo a la implantación del pago por uso, advirtiendo del impacto para la economía española y, especialmente, para las exportaciones. Recordó que el sector ya soporta una fiscalidad de 21.000 millones anuales.
