El déficit de inversión en conservación de la red de carreteras de España se ha incrementado en los últimos dos años hasta los 7.054 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% con respecto a los 6.617 millones de 2016. Este es el resultado del último análisis realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), que urge al Gobierno, a las comunidades autónomas y las Diputaciones Forales a aumentar las partidas para el mantenimiento de las carreteras en cerca de 900 millones anuales durante los próximos ocho años. En paralelo, apunta a la necesidad de rebajar el límite de velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora en uno de cada 13 kilómetros de la red. Y como solución definitiva, alineada con la tendencia en la Unión Europea (UE) pero contraria a los compromisos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la organización aboga por implantar la tasa por uso (peajes blandos) en todas las vías de alta capacidad tanto para vehículos pesados como ligeros, lo que podría generar, en función de cómo se articule, unos ingresos anuales de alrededor de 4.000 millones.
De los 7.054 millones de déficit en conservación en carreteras, la AEC estima que 2.211 millones corresponden a la red que gestiona el Estado y 4.843 millones a la que administran los gobiernos autonómicos y forales. Su propuesta de aumento del esfuerzo presupuestario para paliar este agujero implica que el Estado debería incrementarlo en alrededor de 300 millones, pasando así de los 917 millones que establecen las cuentas públicas de 2018 al entorno de los 1.200 millones anuales (un 33% más), mientras que las comunidades autónomas y las Diputaciones Forales tendrían que elevar el importe en 600 millones más al año. En ambos casos, estas subidas han de sostenerse durante al menos ocho años.
Con ello, la organización que preside Juan Lazcano considera que se resolvería el "imparable deterioro de los pavimentos" en España, que propicia el creciente riesgo para la seguridad de los conductores (el año pasado se produjo un cambio de rumbo con el aumento de la accidentalidad) y en el impacto ambiental e ineficiencia económica. Según el informe presentado este jueves, "solo sin el sobrecoste en consumo de combustible que supone transitar por una carretera en mal estado, se evitaría emitir tres millones de toneladas de CO2 al año".
El "deficiente" estado de la red de carreteras española ha provocado, asimismo, que haya perdido un 36% de su valor patrimonial entre 2001 y 2017 en caso de las vías estatales, y del 38% en el de las autonómicas y forales.
En su análisis, la AEC estima que hay 6.800 kilómetros que presentan deterioros relevantes en más del 50% de la superficie del pavimento, lo que representa uno de cada 13 kilómetros. Esta situación compromete la comodidad, eficiencia y seguridad, por lo que considera aconsejable reducir el límite de velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora.
