De momento, la construcción ha sido el único sector que ha firmado la creación de un fondo de pensiones de empleo amparado en la ley de Escrivá. Fuentes de la consultora en materia laboral Mercer apuntan que otros sectores están interesados como el de las telecomunicaciones, el químico, el metal o el automóvil.
Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad Social están preocupados por la falta de fundaciones u otras organizaciones sectoriales que controlen la adhesión de las empresas a los fondos pactados en el convenio. Es un quebradero de cabeza más para el equipo de Escrivá que han visto como Hacienda retrasa la entrada de las desgracaviones en el Impuesto sobre Sociedades.
En vigor desde el 1 de julio
La ley aprobada este verano en el Congreso establece que las empresas amparadas por un convenio sectorial están obligadas a crear un plan de pensiones si así se pacta por los representantes de empresas y trabajadores del sector.
En el caso de la construcción, las labores de control recaerán en la Fundación Laboral de la Construcción en la que están representados empresas y trabajadores a través de los sindicatos. La Fundación certificará qué empresas hacen aportaciones al plan y cuáles incumplen el compromiso pactado.
Sin fundaciones
Sin embargo, la mayoría de los grandes sectores no cuentan con este tipo de fundación, lo que dificultará sobremanera la gestión, seguimiento y control de las empresas que realmente contraten un plan de pensiones adherido al fondo de pensiones sectorial si se llega a aprobar en el convenio colectivo.
La falta de organismos que certifiquen las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de empleo se convierte en un hándicap para que los grandes convenios sectoriales acuerden la creación de fondos de pensiones de empleo, lo que dificultará el éxito de esta modalidad de pensión complementaria desarrollada por el Ministerio de Seguridad Social y comprometida por el Gobierno español con la Comisión Europea.
Interés de las gestoras
En la parte positiva, Escrivá tiene a su favor que, a pesar de una primera resistencia del sector de las gestoras de planes de pensiones enfadado por el recorte de las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones individuales, las gestoras han mostrado un amplio interés en gestionar el plan de pensiones de la Construcción.
Un interés a pesar de que el reglamento ha confirmado que la comisión máxima que estas gestoras pueden cobrar es un 0,3%.
Para atraer a las empresas a que pacten con los sindicatos en la negociación colectiva planes de pensiones de empleo, el gobierno aprobó en un primer momento desgravaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta 301 euros al año por trabajador, que en una segunda fase de la negociación amplió para atraer a la CEOE.
Y en durante la negociación en el Congreso, aprobó la desgravación del 10% en el Impuesto sobre Sociedades tras una dura negociación entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y así quedan las desgravaciones que podrán disfrutar las empresas que se acojan a los planes de pensiones de empleo aprobados por convenios colectivos.