El peso de los impuestos y cotizaciones sociales hace que a muchos parados que cobran una prestación no les resulte rentable aceptar un nuevo trabajo. Este desincentivo recibe el nombre de 'trampa del desempleo' y en España supera no solo el nivel de la media de la UE y la zona euro, sino el de las grandes economías europeas: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Pero también queda por delante de Estados Unidos o Japón.
Las prestaciones por desempleo son un elemento central de los denominados 'salarios de reserva', definidos como aquel umbral por debajo del cual un parado no le compensa empezar un nuevo empleo.
En este sentido, el cálculo de la 'trampa' se basa en comparar los beneficios a los que un desempleado tiene derecho y que pierde al empezar a cobrar su nuevo sueldo, con los ingresos que este le aporta, descontado los tributos y cotizaciones que tiene que empezar a pagar.
Según la fórmula diseñada por Eurostat y la OCDE, para un parado español sin hijos y que lleva 22 años cotizados en un empleo que supone el 67% del ingreso bruto medio, la trampa se eleva al 82%. Es decir, que empezar a trabajar solo elevaría un 18% de sus ingresos actuales.
En la media de la zona euro, este incentivo alcanza el 24,18%. Si comparamos con países, en Italia el incentivo alcanza el 20,1, en Japón un 21,9%, en Alemania el 27,2%, en Francia el 27,3%, en Estados Unidos llega al 35% y en Reino Unido al 37,3%.
La propia definición del índice revela que para un trabajador de mayor edad que acumula una larga carrera de cotización --en España una cotización de 22 años se refiere a trabajadores a partir de los 40 años-- la trampa es mayor.
¿Es una solución recortar la prestación por desempleo?
El análisis sobre la trampa por desempleo nace en los años anteriores a la crisis financiera, cuando se plantea si las prestaciones desaniman a los parados a buscar empleo y contribuyen al 'paro estructural'.
Un debate que se vuelve a poner de actualidad hoy en el contexto de la 'Gran Renuncia'. Pero las experiencias recortando prestaciones han sido son poco concluyentes.
La OCDE publica un análisis sobre el caso de Bélgica, uno de los países que históricamente han registrado una mayor trampa de desempleo, que en 2012 hizo una reforma para recortar progresivamente la prestación por desempleo.
Las conclusiones del estudio señalan que no se puede extraer un directo ni a la hora de animar a los parados para buscar trabajo. Pero tampoco en el sentido opuesto, empujando a los desempleados a la inactividad al perder la prestación.
Una historia similar se puede analizar en España, que también en 2012 acometió una reforma de la prestación de desempleo para reducir su importe a partir del séptimo mes, pasando del 60% al 50% de la base reguladora.
En aquel momento sí se percibió un descenso de la trampa (y por lo tanto un aumento del 'incentivo' para buscar empleo), pero que no se tradujo a una reducción de la tasa de paro.
Estos dos ejemplos apuntan, según muchos expertos, a que la prestación no es el factor que se debe tener más en cuenta para reducir la 'trampa', sino que se debe actuar sobre la 'cuña fiscal' -lo que impuestos y cotizaciones restan a los salarios-.
En países como Italia están sobre la mesa medidas para reducir la cuña fiscal, no solo para contrarrestar los estragos de la inflación, sino para reducir su trampa del desempleo, que llega al 80%, sin castigar a los parados. Es la vía de la que se muestra partidaria la OCDE en sus análisis sobre la materia.
Una situación que en España, donde la cuña fiscal llega casi 40%, afecta especialmente a los trabajadores más veteranos, que además cobran las prestaciones durante más tiempo.
La pandemia distorsiona la trampa del desempleo
Las prestaciones contributivas por desempleo duran un máximo de 24 meses en España, aunque se reducen a partir del séptimo mes, pasando del 60% al 50% de la tasa reguladora. En este momento, los datos de la OCDE permiten apreciar que el desincentivo se reduce del 82% al 62%.
Pero a partir de los dos años se produce una nueva caída, al 43%, que resulta más abultada que en cualquier otra economía.
Este es el umbral en el que estos desempleados agotan la prestación y empiezan a cobra una ayuda que oscila entre los 460 de media del subsidio o los 470 euros del Ingreso Mínimo Vital, si reúnen los requisitos para ello. Si no es el caso, la trampa se desploma al 17%.
Estas cifras se han mantenido sin variación en los últimos años, aunque las ayudas durante la pandemia las han distorsionado.
Eso sí, no para las personas que no cobran la prestación por desempleo. Novedades como el Ingreso Mínimo Vital solo elevaron la trampa del 43% al 48%, un impacto muy reducido en comparación con los Ertes y similares, que disparó del 62% al 82% la protección de los parados que cobran una prestación.
Menos cobertura para las familias
Pero la trampa del desempleo tiene un impacto desigual en los casos en los que los desempleados tiene familiares a cargo o hijos. Una situación en la que los datos de España se reducen hasta diez puntos.
De hecho, el desincentivo queda por debajo de las grandes economías del euro, como Alemania. La explicación es que las ayudas sociales y, especialmente, las relativas a la vivienda o al alquiler son más generosas que las que se prestan en España, y lo seguiría siendo incluso en 2021.
Precisamente, una de las quejas que se realiza al modelo de protección social en España es que está vinculado ante todo a los parados que han cotizado y generado derecho a una prestación que a aquellas personas más vulnerables que no han podido trabajar o cotizar los suficiente para una prestación.
