Parece complicado que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre puedan suponer un punto y aparte en el camino plagado de minas que han recorrido enfrentados el desafío independentista por un lado y el Estado por otro. Siguiendo la tendencia que marcan las encuestas y si las urnas no marcan las distancias de manera contundente, podría quedarse en otro momento a sumar a una larga lista de desencuentros del procés. En los meses más tensos del pulso, la maquinaria funcionó a toda potencia por ambos bandos, dando lugar a sentencias judiciales y decisiones políticas que han zarandeado el panorama hasta dejarlo desbaratado. EN DIRECTO | Siga la última hora sobre las elecciones de Cataluña del 21D.
El fuego cruzado se recrudeció el 6 de septiembre, cuando el Parlament aprobó la ley del referéndum y siguió el día 8 con la ley de transitoriedad, punto de inflexión que convirtió la consulta en un arma real y que inició el acercamiento de dos trenes destinados a chocar. Pretendía ser la norma suprema hasta la redacción de una Constitución propia, dibujaba cómo sería la República catalana y prometía la amnistía para los independentistas y una Justicia propia. En base a esa ley, el Parlament aprobó el 1-O. Y aquí empezaron los golpes de mazo.
El Tribunal Constitucional prohibió el 7 de septiembre la celebración del referéndum tras el recurso del Gobierno de Rajoy y anuló de manera cautelar la ley del Parlament para romper con España . Pero el Govern no reculó y los convoyes chocaron: el referéndum se celebró el 1 de octubre sin garantías y dejando imágenes de enfrentamientos entre ciudadanos y policías que dieron la vuelta al mundo.
La resaca de la celebración de una consulta invalidada sería más turbulenta. Con la opción de diálogo como mera palabrería, Rajoy y Puigdemont activaron sus opciones más extremas. En una jornada histórica y prácticamente de manera simultánea, el Parlament aprobó la resolución para la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, y el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por primera vez en democracia.
Todos los pasos desde el 27 de octubre se dieron sin antecedentes sobre los que basarse. Rajoy cesó a Puigdemont y convocó las elecciones autonómicas en Cataluña con el poder que le otorga la Constitución y dicho artículo. Y el president cesado, sin reconocer el cese, se fue a Bruselas en busca de apoyo y reivindicación de su vía.
Los mazos de la Audiencia y el Supremo
Pero la unilateralidad iba a salir cara. Mientras el Tribunal Supremo, con el juez Pablo Llarena al frente de la causa, cuestionaba la actividad de la Mesa del Parlament durante el desafío secesionista y les llevaba a juicio por rebelión, la juez Carmen Lamela hacía lo propio con el exvicepresident Oriol Junqueras y varios exconsellers desde la Audiencia Nacional, juzgados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Los caminos fueron diferentes. Llanera dio más tiempo a Carme Forcadell y la Mesa para prepararse la defensa mientras el 2 de noviembre, tras declarar en la Audiencia el día en que también estaba citado Puigdemont, Junqueras entraba en prisión. También lo hicieron otros siete exconsellers del Govern cesado. Santi Vila, uno de ellos, solo pasaría una noche tras abonar la fianza de 50.000 euros impuesta en su caso. El resto, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn, entraron en sus correspondientes cárceles por alto riesgo de fuga y de reiteración delictiva, según el auto (.pdf) de la juez.
La ruta seguida en la Audiencia marcó diferencias con la escogida por Llanera. El Supremo, tras aplazar unos días el juicio, decretó el 9 de noviembre para Forcedell prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, que abonó tras una noche en Alcalá Meco, y de 25.000 para los miembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que no pisaron la cárcel. Todos ellos desvincularon entonces de la vía unilateral.
La conexión entre los delitos juzgados derivó en que el Alto Tribunal acumulara las causas. Así, el 24 de noviembre el Supremo asumió todo el procés menos la causa abierta por sedición contra el ex jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que sigue en la Audiencia. El 4 de diciembre, Llarena dejó en libertad con cautelares a Borrás, Bassa, Romeva, Turull, Rull y Mundó y decidió mantener en prisión a Junqueras, Forn y 'los Jordis', estos últimos en la cárcel desde el 16 de octubre acusados de sedición durante las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre por "incitar" a la movilización -que fue contundente- y a la resistencia. Este auto (.pdf) de Llarena valora que el riesgo de reiteración delictiva persiste en los cuatro y por la "lesividad" que puede suponer en la sociedad que se repitan las acciones.
Aunque pasó algo más de tiempo, los exconsellers también acabaron acatando el artículo 155 y omitiendo la vía unilateral, algo que a Junqueras le costó más verbalizar y a su partido asumir; la vuelta a la unilateralidad tras el 21D como opción planteada por ERC no beneficia la libertad de Junqueras.
¿Y Puigdemont?
El expresident y los exconsellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret están viviendo el desarrollo de los acontecimientos desde la lejanía. Entregados al 21D, los cinco aún tienen pendiente el encuentro con la justicia española, a la que plantaron el 2 de noviembre. La belga le permitió pasear por Bruselas mientras se decidía sobre una euroorden de detención que finalmente fue retirada por el Supremo.
Archivada en Bélgica, la causa contra Puigdemont es una incógnita. El expresident, fuera de España desde el 30 de octubre y presente en campaña vía plasma, querría volver al puesto del que le sacó Rajoy y valora regresar a Cataluña para ser investido presidente de la Generalitat a riesgo de ser detenido, aunque no está dispuesto a todo.
Sea cual sea el resultado del 21D -parece que la gobernabilidad no va a ser sencilla- estas elecciones son ya históricas. Un candidato en la cárcel (Junqueras, por ERC), otro en el extranjero (Puigdemont, JuntsxCat), un partido renovado por entero (CUP, con Carles Riera al frente) y los constitucionalistas PP, PSOE y Cs buscando reunir fuerzas para dar un vuelco al Parlament hacen de esta cita una incógnita a resolver el mismo el día de autos.
