El endurecimiento del discurso de ERC, volviendo a apostar por una independencia unilateral si el Estado no se aviene a negociar, complica y mucho la puesta en libertad de Oriol Junqueras. La nueva línea dinamita la estrategia judicial del exvicepresidente de la Generalitat, que ayer mismo, en un nuevo recurso contra su situación de prisión provisional, descartaba que hubiera riesgo de reiteración delictiva porque su apuesta es la legalidad y la vía del diálogo.
El 4 de diciembre, el instructor de la causa contra el procés en el Supremo, Pablo Llarena, decidió mantener a Junqueras en prisión porque no consideraba acreditado que su cambio de voluntad, acatando el 155 y rechazando la unilateralidad, fuera "verdadero y real".
El giro de su partido, por lo tanto, desmiente a su líder y deja en evidencia su recurso cuando afirma que "la realidad es que el escenario político actual es de acatamiento del 155 [...] y el de la propuesta de escenarios de diálogo y resolución bilateral de conflictos".
Amplía la investigación
A la espera de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resuelva el recurso de Junqueras, el juez Llarena dio ayer el primer paso para ampliar el número de investigados en la causa. El magistrado ordenó a la policía un informe sobre la actuación de los miembros del Comité Estratégico para la consecución de la independencia, órgano conformado para impulsar el procés.
En el mismo se encuentran representantes de todas las fuerzas independentistas. Entre ellos, la número dos de ERC, Marta Rovira, o la excabeza de lista de la CUP, Anna Gabriel. También los dirigentes del PDeCat, Artur Mas, Marta Pascal o David Bonvehí, y los representantes de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) o la Asociació Catalana de Municipis.
Asimismo, Llarena va más allá de la actuación individual de cada uno de los dirigentes y apunta al papel desempeñado por partidos y asociaciones. En este sentido, reclama a las fuerzas de seguridad que evalúen si Convergencia, ERC, la ANC, Òmnium y la AMI impulsaron actos de ejecución de la independencia o qué papel jugaron en los actos violentos que acompañaron a las movilizaciones.
Por último, la providencia pretende que se averigüe qué ordenes dio el exconseller de Interior, Joaquim Forn, a los Mossos durante la campaña organizada para el 1-O y durante el domingo de la votación, y, además, si se emplearon o se comprometieron fondos públicos para financiar tareas administrativas anuladas por el Tribunal Constitucional -como campañas, cartelería, videos promocionales, etc.-.
Entidades
