El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social abona este martes las prestaciones familiares no contributivas, destinadas a familias con menores al cargo que se encuentren en riesgo de pobreza y de pobreza severa. Congeladas desde el año 2000, el Gobierno decidió subirlas, haciendo que su coste haya supuesto hoy unos 511 millones de euros, una cantidad que hace que el precio de las medidas aprobadas por Moncloa durante lo que se vino a llamar los 'viernes sociales' se eleve por encima de los 3.200 millones.
Concretamente, si se suma el coste de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros desde que Pedro Sánchez convocó el adelanto electoral y su celebración el 28 de abril -provocando que el Ejecutivo entrara en situación de interinidad-, la cifra resultante es de unos 3.284 millones.
Equilibrio
Desde Moncloa aseguran que este aumento, al menos en 2019, se compensa con el incremento de los ingresos por cotizaciones que se está logrando gracias al destope de las máximas, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros y el aumento de las contrataciones y las afiliaciones de la Seguridad Social, que a día de hoy están en récord histórico: nunca había habido tantos afiliados como en el pasado mes de junio, por encima de los 19,5 millones.
Sin embargo, difícilmente este alza compensará el coste de las medidas sociales del Gobierno -que incluyen el subsidio para mayores de 52 años y las cotizaciones de cuidadoras no profesionales de dependientes a cuenta de las Administraciones Públicas- y, al mismo tiempo, permitirá reducir el importante déficit de las arcas de la Seguridad Social.
Déficit de la Seguridad Social
A pesar de que el Gobierno lo compensa parcialmente con préstamos anuales para el pago de pensiones -unos 13.000 millones este año-, el propio Ejecutivo ha admitido en el Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea que está muy lejos de lograr equilibrio financiero en este ámbito. Para cuando termine 2019, el déficit será todavía de más de 14.000 millones. En 2020, añade, la desviación supondrá un 0,9 por ciento del PIB, lo que equivale a más de 11.000 millones, y en 2021 la cifra superará los 5.000 millones, aproximadamente el 0,4 por ciento del PIB.
Cabe recordar que en la situación de prórroga presupuestaria -que no se va a solucionar hasta 2020, puesto que no se espera que haya un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado activo hasta entonces- el Gobierno no puede aprobar medidas adicionales de disciplina fiscal, en un momento además en el que el compromiso de techo de déficit público con Bruselas es del 2 por ciento del PIB, aunque entes reguladores como el Banco de España pronostican que este indicador será bastante superior, pudiendo alcanzar incluso el 2,4 por ciento del PIB.
Incrementos
El Gobierno actualizó las prestaciones familiares no contributivas mediante el Real Decreto-ley (RDL) 8/2019 y las subió a 341 euros anuales, un incremento del 17,18 por ciento respecto a los 291 euros previos. Además, este RDL incluyó un nuevo supuesto, el de pobreza severa, por el que las familias con menos recursos reciben una prestación de 588 euros anuales por cada hijo o menor a su cargo, casos en los que el alza de la prestación es de un 102,06 por ciento.
En el primer caso, 384.974 familias se benefician de la asignación de 341 euros y el segundo son 381.728 hogares los que reciben la ayuda de 588 euros. Según indica Trabajo, "están destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos".
Pero el gasto generado por esta medida no descansa en la Seguridad Social, a pesar de que es la caja pública la encargada de entregar las ayudas. Según indican desde el Ministerio de Trabajo, esta partida se cubre con transferencias directas de las arcas de Estado, como todos los programas de este tipo, explican, y se trata de un alza del gasto aprobada mediante la prórroga presupuestaria.
