Muchos son los factores que están atacando la salud del sistema público de pensiones, si bien ninguno tiene un potencial destructor tan grande como la evolución demográfica. Y es que el progresivo envejecimiento de la población acarrea en sí mismo una tendencia perniciosa en todo el espectro para el desempeño financiero de la Seguridad Social. El principal efecto que ataca a la sostenibilidad de las cuentas del Sistema es la progresiva pérdida de población en edad de trabajar, unido a un avance del número de pensionistas dependientes económicamente del Estado, provocando un quebranto del modelo de caja de reparto y solidaridad intergeneracional instaurado en España. En este sentido, el envejecimiento de la sociedad española y de la mayoría de potencias desarrolladas supone en sí mismo una espada de Damocles para los sistemas de Seguridad Social de estas regiones.
"En el futuro cabe prever, por demografía, que haya más déficit directo de la Seguridad Social. Por lo tanto, se necesitarían o más impuestos o menores pensiones para poder financiarlas, por la caída de la proporción entre activos y pensionistas -salvo enormes retrasos en la edad de retiro-. El sistema enfatiza la solidaridad intergeneracional, pero falla en equidad intrageneracional e incentivos demográficos a su sostenibilidad", explica el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón.
Los puntos débiles de la demografía
En este sentido, son varias las estimaciones que ensombrecen el futuro de las pensiones en España a cuenta del denominado invierno demográfico que acecha al país.
La proyección más rotunda sobre el impacto que tendrá en el medio y largo plazo el envejecimiento de la población es la progresiva pérdida de población comprendida entre los 20 y 65 años, es decir, en edad de trabajar y, por lo tanto, cotizar a la Seguridad Social. Según las estimaciones de población a partir de los datos del INE, esta cohorte irá menguando -en ausencia de medidas- desde los 29 millones de personas actuales -sobre un total de 46,0 millones- para en 2050 perder casi 10 millones de habitantes y caer hasta los 19,6 millones sobre una masa social de 41,2 millones de personas. Ya para 2075 esta proporción sería de 14,7 millones de personas en edad de trabajar sobre un total de 31,4 millones de habitantes, mientras que al final del siglo, serían 10,5 millones los comprendidos entre los 20 y los 65 años.
Cabe recordar en este punto que el saldo entre nacimientos y muertes de nuestro país es negativo, o lo que es lo mismo, aparte de que cada vez habrá una sociedad más envejecida, además será de menor tamaño ya que no se logra remplazar la totalidad de las personas que se pierden cada año.
Aumenta la dependencia
En este punto, entra en juego la inmigración que, si bien a través de una recepción progresiva de personas extranjeras lograría frenar la pérdida de la población tampoco dibuja una fácil solución para la cuestión de las pensiones. De hecho, muchos expertos apuntan a que esta inmigración que llegase para revertir la nociva tendencia demográfica, y posteriormente, la que acucia las cuentas de la Seguridad Social debería ser cualificada, ya que son aquellos que acceden a puestos de mayor remuneración y, por tanto, mayor fuente de ingresos para el Sistema. Además, dando por descontado que estas personas también generarán derechos de jubilación y de servicios sociales.
Así, según las proyecciones del INE en cuanto al número de personas en edad efectiva de trabajar por cada una que hay en edad de jubilación, estas apuntan a que, desde las 5,2 personas en edad activa por jubilado del año 1976, a las 3,4 personas en la actualidad, este ratio irá mermando hasta situarse en los 1,5 habitantes en edad de trabajar por cada jubilado. Cabe recordar que en el ratio de afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista España se sitúa en los 2,3 en la actualidad. Los expertos creen que si esta tasa, conocida como tasa de dependencia de las pensiones, cae por debajo de 2 se llega a un punto de insostenibilidad de las pensiones.
Según las previsiones, tal y como se puede advertir en el gráfico, y como paradigma de la pérdida de población capaz de sostener el Sistema, en 1980 la personas entre 20 y 30 años suponían el 27 por ciento mientras que los mayores de 54 años hasta los 65 eran el 18 por ciento. Justo el escenario inverso previsto para 2050, donde las personas de entre 20 y 30 años serán el 18 por ciento, mientras que los mayores de 54 hasta la edad de jubilación -67 años a partir de 2027-, supondrán un 28 por ciento del conjunto poblacional. También resulta paradigmática la progresión de volumen de población comprendida entre los 25 y los 40 años, en relación a la existente en 2008. Concretamente, las proyecciones sitúan que en 2018, esta cohorte había menguado un 22 por ciento, mientras que para 2021 lo habrá hecho en un 29 por ciento, y un 35 y 38 por ciento para los años 2024 y 2027, respectivamente.
En este sentido, los expertos coinciden en la necesidad de relanzar las tasas de natalidad, que en España es de 1,31 hijos por mujer, mediante adaptaciones del mercado laboral para facilitar la conciliación y con políticas activas que sirvan para concienciar a la sociedad de la importancia del remplazo generacional para las futuras sociedades, y con especial atención al caso de España, al fiar la protección de sus mayores en la jubilación a un sistema de reparto y de equidad entre generaciones dependiente de estas contribuciones.
