madrid
La sostenibilidad del sistema público de pensiones lleva años siendo objeto de debate entre los actores públicos y también los privados del sistema. Todos coinciden en que es vital rediseñarlo, que no eliminarlo, para convertirlo en sostenible en un contexto socioeconómico de envejecimiento de la población, desaceleración económica y reducción de las cotizaciones laborales. Una reforma integral que con el paso de los días se vuelve cada vez más complicada.
Óscar Arce, director de economía y estadística del Banco de España, ha explicado esta mañana en un Semanario de Pensiones organizado por Inverco, por qué urge llevar a cabo reformas con celeridad apoyándose en dos datos clave. Por una parte está la tasa de dependencia o, lo que es lo mismo, la proporción de personas dependientes (menores de 16 años o mayores de 65) sobre la población en edad de trabajar. "La tasa de dependencia es lo que más está impactando en el gasto de pensiones y sigue ascendiendo porque además se incorporan pensionistas con pensiones elevadas y superiores a la pensión media actual, lo que presiona el gasto del sistema", afirma Arce – de hecho, la Seguridad Social ha destinado en enero la cifra récord de 9.535,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7,08% más que en el mismo mes de 2018, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social- . Y esa presión irá a más ya que desde el Banco de España calculan que se situará en niveles superiores al 50% tan pronto como en año 2030.
Solo con esto lo previsible es que la tasa de sustitución (el porcentaje que cubre la pensión pública sobre el último salario) tienda a la baja y por tanto a igualarse con la media de la UE, que se sitúa en niveles del 40%, frente a la media española del 70%. El problema es que esa rebaja en la tasa de sustitución tiene que ir acompañada de unas reformas integrales del sistema que cada vez será más complicado que se produzcan. Y todo por un tema demográfico. "Cada vez será más difícil implementar reformas en el sistema de pensiones porque hay que tener en cuenta que la edad media del votante seguirá creciendo", apunta Arce. De acuerdo con los datos del INE, la edad media del votante en España está hoy entre los 45 y los 50 años pero se calcula atendiendo a las previsiones demográficas que esa media alcance los 55 años a partir del año 2045 (ver gráfico). Y a los votantes más mayores es más difícil convencerlos de la necesidad de una pensión pública a la baja para garantizar la sostenibilidad del sistema y la equidad intergeneracional.
Dichas jornadas han servido de marco también para la presentación del informe OCDE Pensions Outlook que ha corrido a cargo de Pablo Antolín quien ha incidido en que ya no en España sino en toda Europa se está viendo un problema de confianza hacia todos los sistemas de pensiones, públicos y privados. Antolín ha recalcado la importancia de que los países mantengan un sistema de reparto porque cubre los riesgos sociales pero también ha insistido en que "es importante tener un sistema de capitalización". En cuanto a cómo puede se puede llegar a un equilibrio entre la pensión pública y privada, Antolín ha afirmado que no hay una solución mágica sino que depende de cada país aunque incide en que "la recomendación de OCDE siempre ha sido que se ligue siempre la edad de jubilación a la esperanza de vida".
