Lo que era un secreto a voces se ha hecho realidad. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, Moncloa ha asumido la inviabilidad de aprobar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este 2019, dado el escaso margen temporal que habrá disponible una vez que se forme Gobierno. Por ello, gran parte, posiblemente la totalidad, de las subidas fiscales que había planteado el Gabinete de Pedro Sánchez para este año se quedará sin ejecutar, aplazada hasta 2020.
Estas fuentes concretan que si la investidura de Sánchez se lograra finiquitar en julio podría haber Presupuestos aprobados, en el mejor de los casos y si las negociaciones con los grupos parlamentarios han ido bien, en noviembre. Es decir, que las nuevas Cuentas estarían activas como máximo unos dos meses. Mucho trabajo para tan pocos resultados, por lo que, salvo volantazo y decisión de última hora, el nuevo Ejecutivo socialista se enfocará en los Presupuestos del próximo ejercicio.
Con esta decisión, el Gobierno ya no podrá poner en marcha este año el grueso de las medidas para obtener ingresos fiscales adicionales, que se habían registrado y planteado a través del proyecto presupuestario que llevó al Congreso en la legislatura anterior y que fue vetado. Entre ellas, se encuentra una de las principales armas recaudatorias esgrimidas por el PSOE: la creación de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas, así como una limitación de la exención a sus dividendos extranjeros. Con estas medidas, el Gobierno espera sacar unos 1.776 millones de euros anuales. A esto hay sumar la subida del IRPF a a las clases altas, por la que se vaticinan 328 millones, o el aumento del impuesto de Patrimonio para grandes fortunas, del que se espera obtener unos 339 millones.
En esta situación se halla también el conjunto de medidas contra la evasión y el fraude, por el que se esperan unos 828 millones.
La otra salida para el gasóleo
Sin embargo, no todos los cambios tributarios requerirían la Ley de Presupuestos para ser aprobados. En su momento, el Ministerio de Hacienda indicó que, por ejemplo, la equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina, con la que el Gobierno quiere obtener unos 670 millones anuales, podría haber ido en la Ley de Cambio Climático, una iniciativa que, según el propio Sánchez, será uno de los primeros proyectos legislativos que el Ejecutivo lleve al Congreso de los Diputados en esta XIII Legislatura.
Además, otra medida que no depende de los Presupuestos es la creación de nuevos impuestos. Tal y como anunció a través de la actualización del Programa de Estabilidad, Moncloa no renuncia a activar los tributos a las operaciones digitales y a las transacciones financieras, es decir, las tasas Google y Tobin. Eso sí, dada que la tramitación durará de media unos seis meses, no se espera que puedan estar activas al menos hasta el próximo año.
De esta manera, parece claro que el Gobierno aparca sus subidas tributarias a 2020, tal y como ya apuntaba en el plan enviado a Bruselas a finales de abril, donde indicaba que esperaba tener todas las medidas en marcha para el próximo año -aunque no concretaba si alguna de ellas se activaría en 2019-.
Dudas e interrogantes
Desde 1996, España no afronta un año sin Presupuestos aprobados y en prórroga presupuestaria durante sus 12 meses. ¿Qué margen de maniobra le queda al Ejecutivo en esta situación? A pesar de que Moncloa no puede crear nuevas partidas de gasto o de ingresos por su cuenta y riesgo, puede jugar con los fondos de las que están prorrogadas y cuenta con la posibilidad de, mediante iniciativas legislativas presentadas en las Cortes, tramitar alguna nueva si fuera necesario por trámite de urgencia y en lectura única. Por supuesto, para ello será necesario contar con mayoría absoluta en la Cámara Baja, algo que no está del todo claro, dado que el Grupo Socialista necesitaría el apoyo de los partidos independentistas.
Posiblemente a través de esta vía el Gobierno ejecute la transmisión del incremento de las entregas a cuentas a las comunidades autónomas previsto para este año, una cuestión que siempre se había realizado con los Presupuestos. Se trata de casi 7.000 millones que hasta ahora no se han podido conceder a las regiones, dada la negativa de la Abogacía del Estado a hacerlo por real decreto-ley.