El veto a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez ha puesto al Gobierno en un callejón, por lo pronto, sin salida para lograr entregar el incremento de las entregas a cuenta a las autonomías de 2019. Se trata de casi 7.000 millones de euros con los que las comunidades ya contaban al diseñar sus cuentas de este año y que ponen en un brete la sostenibilidad de sus cuentas.
El Ministerio de Hacienda confirma estos problemas para encontrar un fórmula legal para facilitar el incremento de esta partida destinada a las regiones, cifrada concretamente en unos 6.939 millones, una situación que ya era temida hace tiempo por el departamento, dado el previsible rechazo de las Cortes a las Cuentas socialistas.
La solución más sencilla hubiera sido recurrir a un proyecto de ley que se tramitara por la vía exprés, es decir, con lectura única y urgencia. Sin embargo, este proceso duraría unos dos meses como mínimo, y hubiera sido imposible afrontarlo a tiempo una vez se decidió el adelanto electoral y la disolución de las Cortes el 5 de marzo.
La otra alternativa son los reales decretos-ley (RDL), sin embargo hay un problema con los límites de aplicación que hay para su uso. A pesar de que esta fórmula ha sido la escogida por el Gobierno para aprobar y resucitar medidas de los Presupuestos, como el subsidio a parados mayores de 52 años o la cotización de cuidadoras de dependientes con cargo al Estado, en el caso del incremento de las entregas a cuenta no se podría emplear.
Precisamente, las políticas y la legislación autonómicas se cuentan entre los asuntos y los aspectos que los RDL no pueden tocar. Y este era un temor que ya albergaban los responsables de Hacienda, incluso antes de la convocatoria de elecciones generales adelantadas para el 28 de abril.
Sin embargo, tampoco le queda mucho tiempo al Gobierno para tomar una decisión. Con los plazos legales en mano, el Ejecutivo entrará en el rol de en funciones tras las elecciones del 28-A. Sin embargo, podría aprobar un RDL de este tipo, incluso tras esta fecha, dado el brete en el que se encuentra la financiación regional, acentuado por la celebración de elecciones autonómicas.
Fondos de liquidez
Mientras tanto, a las regiones les queda la posibilidad de recurrir a los fondos de financiación del Estado para pagar, al menos, los gastos corrientes. Además, aquellas que están en el Fondo de Facilidad Financiera ya están pudiendo volver a recurrir a ofrecer y vender deuda en los mercados para incrementar su liquidez, como son los casos de Madrid, Baleares, Andalucía, País Vasco, Navarra y Galicia, por citar algunas.
En cambio, las que dependen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana- no pueden recurrir a esta solución. Para ellas, el Estado ha dispuesto por esta vía unos 676 millones de euros para el segundo trimestre de 2019, de los que la amplia mayoría se destinará a cubrir necesidades de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
