Londres
Las exiguas esperanzas de Theresa May de lograr la aprobación de su acuerdo del Brexit en la votación de esta noche en el Parlamento han colisionado con la cruda realidad de un informe legal que establece, esencialmente, que nada ha cambiado. El potencial de las concesiones de última hora negociadas ayer en Estrasburgo con el presidente de la Comisión Europea dependía de que el fiscal general del Estado británico pudiese revertir su tóxico diagnóstico sobre la salvaguarda irlandesa, por lo que su dictamen certifica la sentencia del plan y abre la vía para que Westminster imponga una salida blanda de la Unión Europea (UE).
Geoffrey Cox ha admitido que las garantías contenidas en los documentos culminados anoche son notables, puesto que "reducen el riesgo" de que Reino Unido quede "permanentemente" atrapado en la cláusula de seguridad prevista para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda, si una vez concluida la transición post-Brexit, las partes no han hallado una fórmula alternativa.
Sin embargo, como había anticipado ya, su "reputación profesional (como abogado) es bastante más importante" que su prestigio como político, por lo que su credibilidad deontológica ha pesado más que la sostenibilidad del Ejecutivo.
Lo que el ala dura de los conservadores y los unionistas norirlandeses querían escuchar es que el peligro de permanecer retenido en la salvaguarda había quedado eliminado, por lo que la conclusión de Cox ejerce como la excusa perfecta para justificar su rechazo a un acuerdo que siempre habían repudiado.
Los matices en Derecho lo son todo, por lo que, en ausencia del límite temporal o el mecanismo unilateral de salida que exigían, una precisión aparentemente técnica anticipa una segunda humillación para la premier en el Parlamento.
Aunque es probable que no iguale la mayoría de 230 de la derrota de enero, May tendrá que cumplir su promesa de convocar una votación para descartar la posibilidad de abandonar el bloque sin acuerdo el 29 de marzo, solución por defecto que la ley sigue estableciendo como alternativa a un rechazo en Westminster.
Hasta ahora, había querido mantener sobre la mesa esta posibilidad, tanto para presionar a los eurófobos para apoyar su propuesta, como para contar con una última baza ante Bruselas, pero si hay una demanda que domina en la dividida Cámara de los Comunes es la repudia por una ruptura no pactada.
A partir de ahí, los diputados podrán ordenar un retraso del Brexit, también mediante una votación prometida por May, lo que dejará el control del proceso en manos de Westminster.
La UE ha dejado clara que cualquier prórroga tendrá que concluir antes del 26 de mayo, último día de los comicios europeos, o de lo contrario, Reino Unido tendrá que participar en las elecciones a la Eurocámara.
Dada la fractura al norte del Canal de la Mancha, resulta difícil vislumbrar hacia dónde se dirige el divorcio, pero el apoyo notable que la apuesta por una fórmula blanda, inspirada en el modelo noruego, recaba en el Parlamento indica una solución a la parálisis.
De momento, no obstante, es el reino de la incertidumbre, como evidenció la libra con una notable depreciación cuando se dio a conocer el informe del fiscal general del Estado, una nueva muestra de la aversión de los mercados de divisas hacia el caos reinante en Reino Unido. Como prueba, ayer, cuando se supo que May preveía viajar a Estrasburgo, la perspectiva de un acuerdo inminente había favorecido un destacado repunte.
