Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han constatado este martes que no existe la unanimidad necesaria para crear un impuesto europeo que grave la actividad de las multinacionales digitales y han fiado su adopción en el futuro a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ya daba por seguro que no existía unanimidad entre los países de la Unión Europea para sacar adelante un impuesto a los gigantes digitales a nivel europeo debido a la oposición de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia.
Por su parte, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, dijo hoy que España no renuncia a adoptar un impuesto por ciertos servicios digitales a nivel nacional. Explica en que que la propuesta de este impuesto que planteó el Gobierno decaerá cuando termine la legislatura, pero que la medida estaría incluida en los Presupuestos Generales de Estado que prevé presentar el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si forma de nuevo gabinete tras las elecciones generales.
"Al igual que el presidente del Gobierno ha anunciado que su primera decisión será proponer unos Presupuestos Generales del Estado después de la formación de Gobierno tras las elecciones, esto incluirá seguir adelante con el proyecto de una tasa digital, lamentablemente, a nivel nacional", dijo Calviño en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE.
La ministra lamentó que haya sido imposible sacar adelante la medida y recordó que España estaba dispuesta a apoyarla incluso en su enfoque limitado a pesar de que era menos ambiciosa que la propuesta inicial de la Comisión Europea y de la planteada por España, que se basó en la de Bruselas.
Rechazo de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia
Pese a que una gran mayoría de los socios comunitarios (entre ellos Francia, España, Alemania e Italia) se han mostrado a favor de apoyar una versión reducida de esta tasa, que se limitaría a gravar la venta de espacios publicitarios y dejaría de lado el intercambio de datos de los usuarios y las actividades de intermediación.
Sin embargo, la oposición frontal de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia a este impuesto ha hecho caer la propuesta, puesto que, al ser una reforma de materia fiscal, necesita el visto bueno de todas las capitales europeas. Los 28 han tomado la decisión de fiar su futuro a las conversaciones en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El ministro de Finanzas de Rumanía, Eugen Teodorovici, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la OCDE, ha reconocido este hecho al finalizar el debate público y ha afirmado que el asunto sólo volverá a la mesa de los ministros europeos si la OCDE no ha conseguido un pacto a finales de 2020.
"Si a finales de 2020 el acuerdo de OCDE requiere más tiempo, el Consejo podrá si fuera necesario volver a replantear los debates a nivel de la Unión Europea", ha explicado el ministro rumano.
La iniciativa, al ser una reforma fiscal necesita el visto bueno de todas las capitales del bloque comunitario, pero cuenta con la oposición de Estocolmo, Dublín y Copenhague. A estos tres países se ha sumado también Finlandia, cuyo ministro de Economía en funciones, Petteri Orpo, ha explicado que el parlamento nacional rechaza el impuesto.
"Trabajar a nivel de la OCDE"
Moscovici, sin embargo, ha celebrado que la "gran mayoría" de los socios comunitarios estén "comprometidos", algo que ha calificado como un "paso adelante" que da cuenta de la necesidad de "avanzar". "Avanzar quiere decir que hay que trabajar a nivel de la OCDE, pero también no abandonar el marco de la UE", ha dicho.
El francés, además, ha subrayado que no retirará la propuesta legislativa de la Comisión Europa porque considera que es "una base de trabajo" tanto a nivel internacional como nacional".
Dombrovskis: "Necesitamos ajustar nuestro sistema fiscal a la nueva realidad digital"
Su compañero en el Ejecutivo comunitario, el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la economía es "cada vez más digital" y el sistema fiscal europeo "pertenece a un tiempo" principalmente físico. "Necesitamos ajustar nuestro sistema fiscal a la nueva realidad digital", ha reivindicado.
La propuesta original de la Comisión Europea abogaba por crear un impuesto del 3% sobre la facturación de las multinacionales digitales con unos ingresos que superen los 750 millones en todo el mundo y los 50 millones en el bloque comunitario.
En particular, la tasa temporal gravaría los ingresos generados por actividades en las que los usuarios juegan un "papel importante" en la creación de valor y que son difíciles de "capturar" por las reglas fiscales actuales.
La propuesta generó el rechazo de muchas capitales europeas, más partidarias de esperar a las negociaciones en el seno de la OCDE. En los primeros debates que mantuvieron los ministros de Finanzas de la UE se discutió, de hecho, si implantar el impuesto hasta que hubiera un acuerdo en el foro global o incluso la posibilidad de aprobarlo a nivel europeo pero retrasar su aplicación hasta que se fuese imposible conseguirlo a nivel mundial.
Francia, el principal impulsor del gravamen, y Alemania llegaron a un acuerdo con el que pretendían salvar la iniciativa y que limitaba el impuesto a la venta de espacios publicitarios. La denominada 'tasa Google' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez es muy similar a la propuesta de Bruselas.
