Londres
Theresa May ha caído en su propia trampa, atrapada en el laberinto de un Brexit incapaz de recabar mayoría en ninguna de sus variantes y víctima de su estrategia de comprar tiempo como táctica política de referencia. El infortunio ha querido que sea precisamente cuando restan exactamente dos meses para la salida de la Unión Europea cuando el Parlamento británico acoja una votación que demostrará que lo único que genera consensos es la falta de acuerdo. El plan de la primera ministra parece condenado, pese a sus promesas de retocar la polémica salvaguarda irlandesa.
Aunque la votación del martes no constituye la segunda intentona tras la sonora derrota de la propuesta de la premier del 15 de enero, sí ofrece un punto de inflexión en un proceso al que se le acaba el tiempo, puesto que permitirá comprobar qué planteamientos no tienen posibilidad alguna en el Parlamento y, crucialmente, cuáles pueden representar un punto de partida. Si bien es altamente improbable que sea suficiente para superar la parálisis -provocada por la peligrosa combinación del empecinamiento de May con su plan y la fractura de diputados que aspiran a desenlaces prácticamente contrapuestos-, la de esta jornada será una demostración de fuerza de facciones que aspiran a atraer el debate a su terreno.
Cumpliendo con su obstinada lealtad al acuerdo firmado con los 27 en noviembre, la premier continúa resuelta a pujar por su plan como la apuesta ganadora, una vez resulte evidente que ninguna otra alternativa recaba respaldo suficiente como para desafiar los únicos documentos sellados oficialmente con Bruselas. La gran incógnita es hasta qué punto cree May que podrá forzar cambios en el Acuerdo de Retirada, el documento de más de 500 páginas que contiene la controvertida cláusula de seguridad para evitar una frontera dura con Irlanda y que la UE da por cerrado, como reiteró el lunes por enésima vez, en esta ocasión a través de la número dos de Michel Barnier. Las previsiones de la primera ministra evidencian una inquietante indiferencia por la aritmética parlamentaria, puesto que parten de la base de que con solo modificar el mecanismo fronterizo, Westminster cederá, cuando ni siquiera los eurófobos, quienes consideran la salvaguarda la traba principal, verían sus demandas colmadas con la estrategia del Número 10.
Consecuentemente, es difícil que respalden su estrategia de supervivencia, fundamentada en una enmienda promovida por un diputado pro-Brexit, Graham Brady, que plantea amparar el acuerdo, con la condición de sustituir la cláusula irlandesa por "arreglos alternativos para evitar una frontera dura". Según el autor de la iniciativa, es viable, puesto que no implicaría reabrir el documento ya firmado, algo que Bruselas rechaza hasta la saciedad, sino que bastaría con un añadido legal que le diese validez oficial.
El cálculo de May es arriesgado: para empezar, prevé imponer sobre los conservadores una férrea disciplina de voto para forzarlos a apoyar la propuesta, una decisión que podría desencadenar una seria rebelión en su propio grupo parlamentario, sobre todo, después de que los euroescépticos declarasen este lunes que no podían ampararla. La maniobra adquiere tintes temerarios, puesto que la intención de Downing Street es que, con este voto, la primera ministra pueda acudir a Bruselas a renegociar, con la legitimidad que le confiere el rechazo del Parlamento a la cláusula de seguridad y, con ello, demandar formalmente cambios. De conseguirlos, la idea sería someter el acuerdo a una segunda y definitiva votación en febrero.
