El Brexit ha desencadenado en el Reino Unido una crisis constitucional de inciertas consecuencias, con un presidente de la Cámara de los Comunes acusado de parcialidad y usurpación de competencias, el partido en el poder herido de gravedad por las divisiones internas y una oposición que no es capaz de presentar una alternativa unitaria ante el caos que reina en el país. La única certidumbre es que el proceso está fijado en cinco jornadas de escrutinio y discusión en Westminster, con la esperada votación del martes en lo que supondría la segunda intentona.
La previsión actual es que, esta vez, May no la suspenderá si bien sus pasos posteriores constituyen una incógnita. Dado el grado de filtraciones de la negociación, la primera ministra se ha reservado para sí sus próximos movimientos, pero conociendo su querencia por la estrategia de comprar tiempo y que el Laborismo asume como inevitable la extensión del artículo 50, la ampliación de la permanencia para permitir más tiempo para renegociar el divorcio semeja la única salida. Aunque según la página web TheyWork For You la premier ha declarado 74 veces en Westminster que el Reino Unido abandonará el bloque en once semanas, ayer sus palabras se limitaron a expresar su deseo de "salir el 29 de marzo con el acuerdo que está sobre la mesa", un matiz considerado como una indicación de qué maniobra tendría prevista.
El propio portavoz laborista del Brexit consideró inevitable un retraso, pero se resiste a la idea del segundo referéndum que reclama la mayoría de las bases de su partido. Jeremy Corbyn está dispuesto a agotar todas las vías posibles antes de sucumbir a la idea.
