Theresa May está condenada a una carrera contra el tiempo para recabar de la Unión Europea concesiones que permitan aprobar el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico, ya que tendrá solo tres días para presentar una alternativa al actual, una vez oficializado el rechazo previsto en Westminster en la votación del martes. El escenario quedó este miércoles sentenciado tras una nueva derrota del Gobierno, segunda de la semana, que ha reforzado todavía más el control de la Cámara de los Comunes sobre la salida de la Unión Europea.
El Palacio de Westminster vivió ayer una de las jornadas más significativas de la historia legislativa reciente, justo antes del reinicio del debate del plan de divorcio que el pasado mes había quedado suspendido ante la humillación a la que se encaminaban May y compañía. Con la inestimable ayuda de su presidente, acusado de sobrepasar sus competencias para otorgar preeminencia a los diputados, el Parlamento británico ha desplegado una nueva demostración de poderío al limitar el plazo que la primera ministra británica tendrá para mover ficha tras la derrota.
La reducción, más que significativa respecto a los 21 días que le otorgaba la Ley de Retirada de la Unión Europea y los siete adicionales que tendría antes de someter su plan B oficialmente a consulta, la dejan a expensas de la disposición de Bruselas a salvarla. En términos prácticos, la premier tendrá apenas seis días para lograr garantías que rompan la animadversión que el plan, tal como está planteado, genera tanto entre partidarios del Brexit, como defensores de la continuidad, quienes han depositado todas sus expectativas en un potencial segundo referéndum. Así, las tres jornadas corresponden al calendario parlamentario, por lo que la hora de la verdad llegaría el lunes 21 de enero, casualmente el plazo que la ley había estipulado desde un principio como tope legal para lograr un entendimiento con el continente.
El cambio tiene profundas implicaciones para el divorcio, puesto que constriñe dramáticamente el tiempo que May tendrá para hacer entender a la UE que para que la propuesta pase el necesario corte al norte del Canal, los cambios no son aconsejables, sino obligatorios. Si bien ya antes de la votación del miércoles la UE no preveía intervenir hasta que May perdiese, todos pagarán esta reducción de los plazos. La intención del bloque era esperar a que Westminter tumbase el acuerdo y decidir tiempos de reacción, pero ahora las partes están forzadas a hallar casi de inmediato una fórmula que desbloquee la situación y evite una ruptura no pactada, desenlace por defecto que la ley confiere como alternativa a un rechazo en el Reino Unido.
No en vano, si algo ha quedado claro es que si hay una opción capaz de recabar una mayoría en la Cámara de los Comunes, es la oposición al divorcio caótico. El Gobierno había perdido el martes una votación que lo probaba, por lo que tan importante como qué pueda proponer la premier tras la esperada derrota del martes es qué apuesta será capaz de reunir una mayoría en el Parlamento: un controvertido voto en diciembre, una vez más, contra los deseos de May, garantizó a los diputados la posibilidad de enmendar la propuesta que plantee el Ejecutivo. En otras palabras, Westminster se arrogó a la posibilidad de presentar su propio plan B.
