Reino Unido cierra 2018 prácticamente como lo había empezado. Theresa May permanece en el Número 10, Jeremy Corbyn sigue como su rival político, las divisiones ocasionadas por la ruptura con la Unión Europea mantienen la profunda fractura del espectro político británico y el país continúa sin tener la mínima idea de cómo será el futuro post-Brexit. Sorprendentemente, uno de los años más convulsos de la historia británica reciente apenas ha dejado cambios, si bien si hay una certeza que los británicos pueden dar por segura en el marasmo de incertidumbre en que se ha instalado la segunda economía europea: a partir de 2019, nada volverá a ser igual.
Dentro de tres meses, el divorcio comunitario será una realidad, al menos, si se respeta el calendario marcado por la cuenta atrás de dos años estipulada en el Artículo 50, un mecanismo que solo puede ampliarse por unanimidad de los estados miembro. Puesto que May había pulsado el botón de salida el 29 de marzo de 2017 sin tener apenas idea de a qué aspiraba para la travesía en solitario, los plazos han demostrado ser insuficientes para la primera amputación integral del proyecto comunitario, una constricción temporal que ha derivado en catástrofe dada la brecha que paraliza al proceso al norte del Canal de la Mancha, donde ninguna opción recaba suficiente respaldo como para desbloquear el Brexit.
El referéndum de hace dos años y medio se había decidido en una dialéctica binaria entre la permanencia y lo desconocido, ya que nadie había aclarado qué significaría abandonar la Unión Europea. La apuesta de David Cameron para sofocar la hoguera comunitaria que desde hacía décadas consumía a su partido acabó arrojando a los conservadores a las llamas provocadas por cruentas guerras cainitas que, en la actualidad, amenazan con una peligrosa escisión. El exprimer ministro no solo perdió el envite, sino que ha generado una de las crisis constitucionales más profundas en la historia británica moderna.
La estampida que siguió al 23 de junio de 2016 entre los partidarios de romper, el ascenso a Downing Street de una reacia defensora de la permanencia y la evidente incapacidad de la clase política de focalizar esfuerzos en un objetivo más allá de personalismos y fobias han paralizado al país, con una premier incapaz de gobernar y la agenda doméstica en estado vegetativo. El Brexit se ha convertido en un tapón que impide cualquier avance programático, ya que fagocita cualquier intento de desbloquear la situación, desde el acuerdo sellado por May con Bruselas, a las alianzas independientes de siglas que se han formado en el Parlamento para hallar una solución al enigma.
Como consecuencia, la única certeza es que el controvertido debate del plan defendido por la primera ministra se retomará el 9 de enero. Más allá del arranque, todo son incógnitas, no sólo la duración, que dependerá de qué pueda recabar May de Bruselas en las conversaciones que todavía aspira a mantener hasta entonces, sino, incluso, si la propuesta llegará a votarse. La prevista este mes fue suspendida a prácticamente 24 horas del momento de la verdad, ante las evidencias de la humillación a la que se dirigía el Gobierno, y algunas de las enmiendas presentadas por los diputados podrían implicar, en la práctica, que el voto definitivo no sea necesario.
Sin margen al desacuerdo
En este escenario, el rompecabezas se completa ante la contradicción del desenlace por defecto que implicaría el rechazo del acuerdo: si Westminster lo tumba, la alternativa es la salida no pactada, una deriva alertada tanto por el Gobierno, como por el Banco de Inglaterra, expertos independientes y la UE como la peor de las conclusiones. De ahí que se haya formado ya en la Cámara de los Comunes una acción coordinada para impedir que el Ejecutivo se atreva a aceptar la ruptura caótica, incluso después de que este decidiese la semana pasada acelerar la implementación de las medidas de contingencia, incluyendo la dotación de una nueva partida económica de 2.000 millones de libras (2.200 en euros) para afrontar un divorcio sin acuerdo.
Con todo, no son pocos quienes consideran que precipitar la preparación responde a una maniobra estratégica para dejar claro ante Bruselas que Reino Unido no teme a dejar el bloque abruptamente, con la intención de intentar así flexibilizar su aproximación ante la demanda de concesiones legales, sobre todo en lo referido a la controvertida cláusula de seguridad para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda.
Incluso algunos miembros del Gobierno, como el titular de Justicia, dudan públicamente de que May permita una auto-mutilación de tales dimensiones, una impresión compartida por el portavoz laborista del Brexit, quien durante su época como jefe de los Servicios Fiscales había trabajado codo con codo con la ahora premier cuando ella presidía el Departamento de Interior.
