Madrid
A pesar de que en las últimas semanas varios organismos internacionales han deslizado a España la recomendación de aumentar la edad de jubilación, esta idea no se encuentra entre los planes de las Administraciones Públicas. Fuentes del Gobierno indican que ni tan siquiera se valora la opción de alargar la edad de jubilación, ni tomar ninguna medida que tenga como destino estirar la edad laboral.
Tampoco, por lo pronto, está entre los objetivos del Ejecutivo cambiar o ampliar las fórmulas para compatibilizar las pensiones y los salarios. En este sentido, las fuentes citadas recuerdan que cualquier medida que se aplique en el ámbito de las pensiones tendrá que haberse consensuado en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales.
Reiteran que, sin su beneplácito, no darán un paso. Lo que sí hará el Gobierno es ejecutar una de las medidas que, precisamente, ya se han consensuado: vincular el incremento de las pensiones con la evolución del IPC. Sin embargo, hay dudas con la fórmula que se va a emplear para ello.
La reactivación por parte de Pedro Sánchez de los Presupuestos, que se llevarán a las Cortes en enero, provoca que el Ejecutivo vacile sobre la vía con la que se va a aplicar esta medida. Aunque en un principio era una de las iniciativas incluida en la agenda social que el Gobierno iba a poner en marcha a través de decretos ley, ahora mismo se plantea sacarla a través de las Cuentas. Si los plazos no fueran los adecuados o si finalmente éstas no se aprobaran, se lanzaría el correspondiente decreto ley.
Lo que tampoco está tan claro es de cuánto será la paga compensatoria que se abone el próximo año a los pensionistas españoles en compensación por el incremento del IPC de 2018. Desde Moncloa se afirma que todavía se desconoce con qué cifra acabará el año este indicador.
Con todo, Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, hace escasa fechas afirmó que en diciembre el IPC cerraría en un incremento del 1,9%, lo cual haría que la citada compensatoria fuera de 700 millones de euros.
