Tras desbloquear España el veto al Consejo Europeo que tiene lugar este domingo, el primer divorcio solicitado por un miembro de la Unión Europea ha sido sellado esta mañana por los 27 líderes.
Reino Unido dejará de ser parte de la UE el 30 de marzo de 2019, pero durante una fase de transición de año y medio, hasta finales de 2020, seguirá siendo parte del Mercado Común y estará sujeto a las mismas leyes y bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) -pero sin representación, voz, ni voto en las instituciones-. Este periodo, pensado para dar tiempo a instituciones, empresas y ciudadanos a adaptarse a los cambios, podrá prorrogarse, una única vez ,"hasta uno o dos años", con lo que en la práctica la separación definitiva no llegará hasta diciembre de 2022.
Desbloqueo español para aprobar el Brexit
El Consejo Europeo no se estaría produciendo este domingo sin el acuerdo alcanzado por España en relación a Gibraltar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado el logro de un acuerdo sobre Gibraltar después de que la UE y Reino Unido hayan "aceptado las exigencias españolas", por lo que España votará este domingo a favor del acuerdo del Brexit en la cumbre de líderes europeos. "Una vez que la retirada del Reino Unido se produzca de la UE, la relación de Gibraltar con la UE, la relación política, jurídica y hasta incluso geográfica pasarán por España", resumió Sánchez.
A pesar de que ni se ha modificado el Tratado de Retirada de Reino Unido de la UE ni la declaración política que establecerá el marco de la relación futura entre la UE y Reino Unido, que era lo que inicialmente pedía España, Sánchez ha presentado la solución finalmente alcanzada como un éxito histórico tras unas "difíciles, pero fructíferas negociaciones".
Sánchez aspiraba a retirar, modificar o precisar en un documento jurídicamente vinculante el artículo 184 del Tratado de Salida, introducido, según España, "con nocturnidad y alevosía" en el último momento por la primera ministra británica, Theresa May, con la aquiescencia de los negociadores europeos. Ese artículo señala que el Reino Unido y la UE deberán negociar los términos de su relación futura, pero no precisaba que para todo lo referido a Gibraltar se tenía que contar con España. Como el artículo estaba incluido en un Tratado, el de Salida, que sí se aplica a Gibraltar, España temía tener problemas en el futuro con su capacidad de veto sobre todo lo referido al Peñón.
Finalmente, España se da por satisfecha con una declaración de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en la que "descartan" que el artículo en discordia "sea aplicable al contenido de la relación futura, incluido el ámbito territorial", interpretación que Reino Unido reconoce por escrito en otra carta de su embajador ante la UE, documento al que Sánchez ha dado un valor "trascendental".
España también quería modificar en el mismo sentido la declaración política sobre la relación futura de la UE con Reino Unido que acompaña al Tratado de Retirada. Este texto tampoco se tocará.
La solución encontrada se limita a añadir unas notas a las actas de la cumbre del domingo en las que se recogerá "que no sólo se deberá contar con el acuerdo de España, sino que los acuerdos que afecten a Gibraltar deberán ser acuerdos separados a los que se concluyan con Reino Unido por parte de la UE". En esa fase de las conversaciones, Sánchez ha anunciado su intención de poner sobre la mesa la cuestión de la cosoberanía. Esta es la misma fórmula empleada para despejar las dudas que otros países miembros, que nunca llegaron a amenazar con vetar el acuerdo, planteaban a la declaración política.
En tercer lugar, Sánchez ha puesto en valor que España haya conseguido una "declaración política conjunta del Consejo Europeo y la Comisión Europea" que ha calificado de "histórica" porque "sienta las bases de una nueva forma de abordar la relación con Gibraltar a nivel europeo". Este tercer texto "excluye a Gibraltar de la negociación general entre la UE y el Reino Unido", lo que permitirá a España tener una negociación directa con el Reino Unido sobre Gibraltar y exige el acuerdo previo de España para la negociación de cualquier acuerdo de la UE que se aplique a Gibraltar.
"Con ello garantizamos que los ámbitos de negociación futura en la relación con Gibraltar sean de nuestro interés y acordes a nuestra política en relación con Gibraltar", ha explicado el presidente.A estos documentos hay que añadir sendas cartas de los presidentes de la Comisión y el Consejo "ratificando las exigencias españolas". Para Sánchez, lo conseguido supone un "triple blindaje histórico con el que puede abordar definitivamente con Reino Unido el futuro de Gibraltar durante los próximos años" y se refuerza lo establecido en anteriores etapas como las orientaciones del Consejo Europeo aprobadas en 2017.
May: "La soberanía de Gibraltar no ha cambiado"
Desde el punto de vista de la primera ministra británica, Theresa May, la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará". "Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británica y siempre estaré con Gibraltar", reaccionó tras el anuncio de Sánchez.
May calificó el diálogo mantenido con el Gobierno español sobre Gibraltar y el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE como "constructivo y sensato" y subrayó que la posición de Londres con respecto a la soberanía de Gibraltar "no cambia ni cambiará" con el acuerdo que cerrarán este domingo en Bruselas los líderes de la UE. Insistió en que el Gobierno "siempre negociará en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar".
May explicó que ha trabajado de forma "constructiva" con Madrid y ha subrayado que la solución implica que Gibraltar está "cubierto por completo en el acuerdo de salida" y también durante el periodo de transición.
"Un trozo de papel"
Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, opinó el sábado que el acuerdo alcanzado por España sobre el Peñón no es más que "un trozo de papel" sin valor jurídico frente al pacto alcanzado entre Londres y Bruselas, que sí tiene peso legal. "Dejemos una cosa clara. Esas declaraciones no son suscritas por Reino Unido ni son vinculantes para Reino Unido en modo alguno (...). No son más que una posición política de los 27 Estados miembro restantes. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno", argumentó.
Picardo criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha intentado presentar estos acuerdos como un cambio de postura" británico, pero para Picardo, este cambio no se ha producido.
