La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha iniciado una revisión de oficio de todos los pagos realizados a la sociedad conjunta de ACS y Escal (Escal UGS), así como a Santander, Bankia y Caixabank por el almacén de gas Castor.
La entidad debería recuperar los pagos realizados por el sistema gasista después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Real decreto que instauró este sistema de pago, lo que en opinión de la banca acreedora no debería ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Según fuentes consultadas por este diario, las entidades financieras todavía no han tomado una decisión sobre si acudir a los tribunales para tratar de recuperar los pagos por el polémico almacén de gas.
Hasta el momento, Banco Santander, Caixabank y Bankia han presentado una "reclamación de responsabilidad del Estado" en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que no se ha recuperado y los daños por la parte pendiente de recuperar de los 1.350 millones, que destinaron a cubrir la indemnización por el cierre del Castor a Escal-UGS, sociedad controlada por ACS y la canandiense Dundee Energy.
En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.
En la reclamación, el Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita llevar a cabo la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores de gas, pero en este plazo de tres meses no han recibido ninguna propuesta por parte del Ejecutivo para poder recuperar los cobros que anuló ya, desde el pasado enero, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
La entidad, no obstante, no había actuado sobre los pagos ya realizados de cerca de 200 millones.
Arranca la comisión de investigación en Cataluña
El Parlament de Cataluña ha arrancado la comisión de investigación del polémico almacén de gas Castor. El senado, por su parte, sigue todavía pendiente de arrancar su propia comisión. Alfonso Pérez compareció el pasado lunes en representación del grupo ciudadano Caso Castor para trasladar toda la documentación de la que dispone el grupo, fruto del trabajo con su querella, y para pedir una serie de documentos que consideran claves para avanzar con la investigación que se está realizando del caso.
