El Ministerio de Energía tendrá que resolver también uno de los principales dilemas que tiene sobre la mesa. En los últimos dos años, los consumidores de gas natural han desembolsado casi 200 millones de euros para hacer frente a los costes de hibernación del Castor así como a los pagos a los bancos que se quedaron con los derechos de cobro por indemnizar a ACS y Escal.
Ahora el Gobierno tendrá que decidir si realiza una refacturación para devolver estas cantidades cobradas de forma ilegítima a los consumidores o si, por contra, toma alguna medida legal para poder utilizar las mismas para enjuagar el déficit acumulado en el sector del gas en el pasado.
Sea como fuere, lo que queda ya en entredicho completamente es el informe que el jueves emitió la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en el que ponía en duda la capacidad del sistema de conseguir superávit por primera vez en 14 años. Ahora con la desaparición de las cuentas de estos 95 millones de euros, parece altamente probable que los 10 millones previstos en un primer momento de superávit puedan ser muy superiores. Los grandes consumidores de gas ya se habían quejado constantemente de tener que hacer frente en sus recibos a la factura de una instalación que nunca llegó a operar. Los cálculos además de la indemnización recibida por ACS y Escal no tienen en cuenta ningún deterioro por el funcionamiento o no de la planta. El Gobierno descartó el dolo o la negligencia.
