Después de resistirse a reconocerlo durante los últimos dos meses, finalmente el Gobierno asumió esta semana que la prórroga presupuestaria es una realidad ineludible. Tanto José Luis Ábalos, ministro de Fomento, como su compañera Nadia Calviño, responsable de Economía y Empresas, reconocieron que el Ejecutivo ya trabaja en este escenario.
Hasta el propio Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, quien no quiere ni oír hablar de un eventual adelanto electoral, reconoce que esta es la alternativa más probable si el Gobierno no logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, como todo parece indicar. Sin embargo, se trata de un marco que echa al traste sus planes de incrementar el gasto y subir las partidas de áreas como la sanidad, la educación o la dependencia.
De esta manera, con la prórroga presupuestaria quedarán paralizados unos 1.992 millones de euros de gasto social, aproximadamente. El área más afectada será la de la Dependencia, que perderá unos 515 millones. También quedará tocada la financiación para becas, que perderá unos 150 millones, y las ayudas para el material escolar, que desaparecerán si no se aprueban finalmente los Presupuestos gubernamentales.
También quedarán en un brete el aumento de las partidas para políticas de Ciencia e Investigación -unos 150 millones de euros- y las ayudas al comedor escolar del Estado -a las que se iban a dedicar unos 25 millones-, que directamente desaparecerán.
Menos liquidez autonómica
Las arcas de las comunidades autónomas también quedarán perjudicadas por esta situación. Las regiones se tendrán que despedir de los 6.938,8 millones más que iban a recibir en 2019, quedándose con la misma liquidez que han tenido este año.
Sin embargo, en prórroga presupuestaria, el Ejecutivo sí que puede contar con la baza de generar nuevos ingresos mediante la creación de impuestos -aunque no alzas fiscales, como la prevista en el proyecto de Presupuestos de subir el tipo mínimo de Sociedades al 15% para grandes empresas-. En este sentido, el Ejecutivo ya ha movido ficha, aunque para ello necesita el apoyo del Congreso de los Diputados, puesto que los nuevos gravámenes se tienen que tramitar como proyectos de Ley.
En esta situación están la tasa Google y el impuesto de Transferencias Financieras, que permitirán a las arcas públicas recaudar unos ingresos superiores a los 2.000 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno. Y, a pesar de que los Presupuestos no cuenten con el beneplácito de la Cámara Baja, puede que estos impuestos sí lo hagan. El PDeCat confirmó hace una semana a elEconomista que avalará ambas medidas y, sorprendentemente, fuentes de Ciudadanos indican que no descartan respaldarlas, aunque todavía no han tomado una postura definitiva. Y no se rehúye que otras nuevas tasas puedan salir adelante de aquí a 2020. El propio Sánchez, a pesar de que lo había aparcado, ya no descarta retomar el impuesto a la banca en el futuro.
La agenda social
A pesar de los obstáculos, Moncloa afirma que es posible gobernar hasta 2020 sin haber aprobado las Cuentas. En este contexto, cobra especial relevancia la figura legislativa de los reales decretos. El Gobierno quiere que ésta sea su herramienta para sacar adelante sus compromisos con Podemos y que le permita aprobar el contenido de su agenda social, con o sin Presupuestos.
Dentro de ella, Sánchez destacó esta semana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Gobierno aprobará mediante un real decreto antes de que acabe el año, para que entre en vigor en 2019. De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha hecho suya una propuesta de su aliado parlamentario -Podemos- y a la que era reacio en un principio. Con todo, pierde una de las bazas con las que contaba para presionar a las formaciones soberanistas catalanas y lograr su apoyo al proyecto presupuestario.
Pero hay más. La subida de las pensiones de acuerdo con el IPC, ampliar el subsidio de desempleo a parados de más de 52 años y medidas en el ámbito de la vivienda se tramitarán con reales decretos. Con todo, se desconoce si el Gobierno ejecutará alguna de estas medidas como real decreto ley, formato necesario para ejercer cambios legislativos y que tiene que someterse al dictamen del Congreso. Sin embargo, Moncloa no puede evitar un impacto indeseado, y más en el marco de la desaceleración económica, de la prórroga: el déficit de España en 2019 será superior al previsto si se hubieran aprobado las Cuentas.
