El Gobierno creará una autoridad independiente que vigile las malas prácticas bancarias, a raíz de la polémica del impuesto hipotecario y el decreto aprobado este viernes, para que sea el sector financiero el que lo pague a partir de ahora.
Pero este organismo, que constituirá el Ministerio de Economía, no tendrá poder para evitar que las entidades trasladen el coste de la tasa a los clientes. El Ejecutivo lleva dos días insistiendo en la puesta en marcha de esta autoridad para advertir a la banca que está vigilante ante subidas de los tipos de interés o de las comisiones con el argumento de que están prohibidas las cláusulas o los comportamientos abusivos.
Así lo aseguraron, por ejemplo, tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la de Hacienda, María Jesús Montero, pero en ningún momento quisieron concretar si un alza de los precios de las hipotecas sería penalizado.
La ministra apela a la confianza en las instituciones financieras para que no repercutan el impuesto
Una sanción, según la legislación actual, es imposible, ya que cada entidad es soberana de aplicar la política comercial en libertad y porque las tarifas de las comisiones y los tipos de interés de los créditos no son ningún tipo de cláusula. Además, en el sector financiero resaltan que el impuesto va a constituir un coste fijo añadido en la producción de sus préstamos, por lo que éste se debería repercutir a los clientes con el fin de no verse obligados a vender a pérdidas.
La ministra de Hacienda, tras varias preguntas en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros, tuvo que apelar a la confianza en las instituciones financieras y en la competencia existente en el mercado para defender la postura de que el decreto garantiza la protección a los consumidores. Los precios de las hipotecas "se decidirán en función de las condiciones del mercado y de su propio funcionamiento interno".
El única herramienta que tendría el Gobierno para evitar un traslado de Impuesto de Actos Jurídicos (IAJD) a las ofertas de los préstamos para la adquisición de una vivienda es la intervención en los precios, una eventualidad que a día de hoy no es posible.
Las entidades llevan semanas advirtiendo de queaumentarán los intereses que reclaman a los prestarios para poder absorber el gravamen, que asciende de media al entorno de los 1.500 y 2.500 euros por operación. Algunos grupos, como CaixaBank e Ibercaja, ya se habían anticipado al decreto, al haber subido hace días las tasas que cobran por sus hipotecas ante el temor a un resolución desfavorable del Supremo tras la sentencia del pasado 18 de octubre, que cambiaba la doctrina establecida en los últimos 23 ejercicios.
Según avanzó la ministra de Economía, la autoridad de protección a los consumidores financieros en los que trabaja el Gobierno reunirán algunas de las funciones que tiene en la actualidad el Banco de España y de la CNMV.
