Sin plan alternativo y en ausencia de nuevas medidas, la marcha atrás en la reforma de las pensiones de 2013, iniciada con el acuerdo del PP y el PNV para salvar los Presupuestos de este año, pasará una factura inasumible a la economía española, que equivaldrá a un tercio de las rentas totales del trabajo.
El retraso en la activación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y la vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC elevará el gasto y los déficit acumulados hasta demandar una subida de los tipos impositivos del orden del 50% y del 80% en el caso de las cotizaciones.
De no abordarse nuevas reformas que contengan la factura de las pensiones, con el escenario base demográfico y la reforma de 2013 en el tintero, el déficit se duplicará hasta el entorno del 3,6% del PIB anual y la deuda de la Seguridad Social llegará a equivaler a toda la producción de bienes y servicios del país en un año, con el consiguiente riesgo de castigo de los mercados y Bruselas.
Son las conclusiones de un estudio de Fedea, elaborado por el director ejecutivo de la Fundación, Ángel de la Fuente, y los expertos Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez bajo el epígrafe ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo. Solo la ganancia de productividad, asignatura en la que pincha la economía española, y una afluencia suficiente de inmigración cualificada y castellanoparlante -que pueda incorporarse pronto al mercado de trabajo y en rangos salariales medios y altos- podría contener el engrosamiento de la deuda y el déficit de la Seguridad Social, que según el modelo presentado el miércoles en Madrid por Fedea, se calcula alcanzará los 21.000 millones de euros el próximo ejercicio.
Por todo ello, los autores del informe reclaman medidas que atemperen el alza del gasto y el castigo fiscal que sufrirán los contribuyentes y cotizantes que hayan de sufragar no solo el sobrecoste de las pensiones, sino el aumento del número de beneficiarios. No en vano, se prevé que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, frente a los 9,5 millones actuales, ya que a partir de 2023 se empieza a jubilar la generación del baby-boom, suceso que coexistirá con la mayor longevidad y el envejecimiento demográfico.
De hecho, reclaman una revalorización de las pensiones vinculada al IPC, pero suavizada en función de la evolución de los ingresos y gastos. Si los ingresos solo cubren a día de hoy el 85% de los gastos, el índice de revalorización sería un 85% del IPC, lo cual descarga algo de presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, sin grandes pérdidas de poder adquisitivo. De la Fuente lo ejemplifica de forma muy gráfica: los pensionistas pasarían a ser una suerte de accionistas de la empresa España SA, de modo que se les actualice la pensión en función de la coyuntura.
