La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado hoy que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que ayer consensuó volver a indexar las pensiones a la inflación, "no son vinculantes".
En una entrevista en la Cope, la ministra ha valorado el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados y ha recordado que, una vez reciba estas recomendaciones y junto al análisis que en paralelo realiza con los agentes sociales -patronal y sindicatos-, elaborará una ley de reforma del sistema.
Valerio ha dejado claro que el sistema de pensiones en España no tiene un problema de gastos sino de ingresos y ha manifestado que las prestaciones de la Seguridad Social se tienen que mantener con cotizaciones "básicamente, aunque no únicamente", es decir, que "se pueden completar con Presupuestos".
Además, ha abogado por poner en marcha políticas que persigan que haya "más gente trabajando y mejor pagada".
Necesitamos cotizantes de fuera
Así, ha puesto en valor los acuerdos de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 735,9 euros mensuales y los de negociación colectiva entre patronal y sindicatos que establece un sueldo mínimo en convenio de 1.000 euros en 2020.
Además, ha añadido la necesidad de poner en marcha una tasa de inmigración regulada, porque "no vamos a tener suficientes personas autóctonas para trabajar", remover obstáculos para que haya igualdad de acceso al mercado de trabajo entre hombres y mujeres y fomentar la natalidad con políticas de conciliación y de dependencia.
La ministra ha asegurado que los ingresos por cotizaciones están aumentando este año, lo que no evitará que tenga que agotar el crédito concedido en los Presupuestos, al tiempo que reconoce que deberá que recurrir también al fondo de reserva, que cuenta con unos 8.000 millones.
Mejorar los ingresos por cotizaciones es objetivo del Gobierno, ha dicho, con mejores sueldos y empleo de mayor calidad, pero también atajando el fraude a la Seguridad Social que inyectaría 2.000 millones de euros anuales.
Así, la ministra ha detallado que cada semana se producen nueve millones de horas de trabajo ilegales, por las que no se cotizan, mediante la realización de jornadas a tiempo completo con contratos a tiempo parcial.
