Las cuatro prórrogas presupuestarias que España ha vivido desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, no han sido un obstáculo para que aumenten las subvenciones del Ejecutivo a los sindicatos. Lejos de congelarse, esos desembolsos pasan de los 8,9 millones de euros en el año citado a los 32 millones que están previstos para 2025, casi cuatro veces más. El mayor de los incrementos se ha dado, precisamente, entre 2024 y el ejercicio actual, pese a que las Cuentas de 2023 ya estaban prorrogadas por segunda vez consecutiva.
El salto ya comenzó en 2021, con la aprobación de 13,8 millones, y se repitió al año siguiente con 17 millones. En diciembre de 2024, se decidió multiplicar por dos el montante y subirlo a 32 millones de euros, en un contexto de difíciles negociaciones por parte del Ministerio de Trabajo, en las que sus únicos apoyos se los brindaban los sindicatos.
Las subvenciones a los sindicatos se justifican, según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, por el apoyo " a las actividades desarrolladas por las organizaciones sindicales con el fin de crear el marco y las condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho a la negociación colectiva sea efectivo". El Ministerio de Trabajo añade que son actividades relacionadas con la mediación de conflictos, la negociación colectiva y el diálogo social que debe ser financiadas.
Estas ayudas representan entre el 15% y el 17% de los ingresos totales de las organizaciones en España en términos generales. El Ministerio de Trabajo defiende que este incremento es una actualización del IPC, ya que desde 2008 este ha subido un 34% mientras que las ayudas a los sindicatos solo lo han hecho un 7,6%. Además, afirma que las atribuciones de las centrales sindicales han aumentado tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Pero lo cierto es que nunca habían tenido las subvenciones un incremento tan significativo y más teniendo en cuenta la situación de prórroga presupuestaria como la que vive el país. El aumento realizado en 2025 es el mayor en las últimas décadas.La diferencia de un 88,2% entre lo recibido un año y el siguiente se cubrirá, como ya viene siendo habitual, con modificaciones de crédito, dado que las cuentas públicas están prorrogadas. Al tratarse de una partida que viene de ejercicios anteriores se realiza un suplemento de crédito, ya que se aumenta el inicial, es decir, que se trata de un crédito que es permanente en los ejercicios anteriores y siempre figura en los presupuestos.
Los sindicatos que más subvenciones reciben son Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) por ser los que más representatividad tienen entre los trabajadores de acuerdo con las elecciones sindicales. Son, por otra parte, los que tienen presencia en todas las comunidades autónomas y en casi todos los sectores productivos. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) es la tercera organización en cuanto a trabajadores representados. Dos de ámbito autonómico que figuran a continuación son la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Confederación de Euskal Languileen Alkartasuna (ELA).
En los años en que Yolanda Díaz lleva ocupando el sillón de Trabajo, cinco desde 2020, la inclinación hacia las organizaciones mayoritarias CCOOy UGT ha ido en aumento. Son ya varias las negociaciones sociales que han concluido en acuerdos, como la subida del SMI, la reducción de la jornada laboral, la reforma del subsidio del desempleo y el aumento de cotizaciones en la segunda parte de la reforma de las pensiones, sin el visto bueno de las organizaciones empresariales. Es evidente que la vicepresidenta segunda del Gobierno considera que tanto CCOO y UGT, no tanto CSIF, son elementos esenciales de la sociedad y que hay que favorecerlos. Pues aunque en los años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero el incremento fue considerable, sobre todo del año 2005 al 2006 cuando el crecimiento fue de 11,2 a 15,2 millones, el salto no fue tan espectacular. Hay que tener en cuenta además que ese ejercicio de 2006 la economía española gozaba de buena salud y el crecimiento del PIB era casi del 4%. Y, sobre todo, que los presupuestos correspondientes estaban en vigor pues, si bien el Gobierno socialista no gobernaba con mayoría absoluta, estaba apoyado sin fisuras por los nacionalistas.
En la UE hay distintos modelos de financiación, hasta legados
Los sindicatos españoles no son los únicos que reciben subvenciones por parte del Estado. En la mayoría de los estados miembros sí perciben este tipo de ayudas públicas directas para su financiación, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, en que solo ingresan las cuotas que abonan sus afiliados. Aquí estas cuotas son igualmente otra fuente de ingresos.
En Francia, por ejemplo, las subvenciones estatales constituyen la casi totalidad de los ingresos con los que cuentan las organizaciones sindicales francesas. En el país vecino la financiación sindical no ha dejado de ser motivo de controversia puesto que las cuotas de los trabajadores son muy bajas. Además, perciben ayudas de las corporaciones locales y regionales. Ha habido varias reformas a lo largo de estas décadas. En algunos estados pueden percibir dinero a cambio de la realización de prestaciones de servicios concretos como la formación o el asesoramiento laboral aparte de la contribución estatal.
Un aspecto llamativo para España es que no es infrecuente que los sindicatos en ciertos países puedan obtener fondos a través de donaciones o legados procedente de ciudadanos privados, incluso hasta herencias. También es posible recibir donaciones de las propias empresas o de fundaciones que están más ligadas políticamente. Esto último es más frecuente en los países nórdicos como Suecia o Noruega.
Asimismo puede darse el caso de que esté permitido cobrar un impuesto a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación, aunque no es lo más común por su carácter un tanto arbitrario. En la mayoría de los países europeos las centrales sindicales están obligadas a rendir cuentas de su financiación. En España también y ya ha habido casos en que se les ha hecho devolver la ayuda. En 2022 ocurrió un caso extraño. Por no acreditarse las circunstancias que impidiesen una convocatoria pública y que ésta por tanto no fue legal, el Tribunal Supremo anuló una por la que se habían concedido 30,6 millones de euros para formación en digitalización a UGT, CEOE y Cepyme.