El Ministerio de Trabajo encara esta semana una votación clave que llega antes de lo esperado por los negociadores. Las conversaciones con Junts sobre la reducción de la jornada laboral están prácticamente en el mismo punto que se dejaron en el mes de julio y la precipitación del debate a la totalidad ha dejado a Yolanda Díaz sin apenas margen para conseguir que el partido catalán cambie de posición. No obstante, se reserva una baza por si hay una segunda ronda de negociación: la entrada de Pimec en varios órganos de diálogo social.
El Gobierno reconoció un asiento a la organización empresarial que encabeza Antoni Cañete en el CES en mayo de 2024. Sin embargo, más de un año después, su ingreso no se ha materializado a pesar de que los vocales están con el mandato caducado desde el mes de junio. La organización contaba con que la renovación se diera antes del verano, no obstante, siguen sin tener noticias al respecto. Fuentes sindicales apuntan directamente a la negociación para recortar el tiempo máximo de trabajo de 40 a 37,5 horas para contextualizar este retraso. "Se están guardando esta baza, es un caramelo para conseguir el voto de Junts" señalan a elEconomista.es.
Lo cierto es que Trabajo miró a Pimec como pieza clave para conseguir el respaldo de la formación catalana a esta ley incluso antes de que se materializara el acuerdo con los sindicatos. No obstante, desde el entorno empresarial descartan que esto vaya a ser suficiente para conseguir un voto favorable del grupo de Míriam Nogueras a la norma, en tanto que todos los sectores le han dejado claro su rechazo a este cambio en la normativa laboral y esta patronal tampoco quiere asumir la factura que tendría de cara al empresariado catalán dar su aval al recorte de la jornada.
Pimec y Conpymes, la organización empresarial en la que está integrada a nivel nacional organizaron un acto en Madrid en el mes de marzo en el que trasladaban su rechazo a la reducción de jornada por ley bajo el título 'Así no'. Desde entonces, esta patronal -como también han hecho CEOE, Cepyme y la también catalana Foment del Treball- ha advertido del incremento de costes laborales que conllevaría esta medida y la ausencia de medidas compensatorias en la propuesta de Trabajo.
Díaz planteó un plan dirigido a las pymes que incluía bonificaciones a la contratación de un trabajador más, ayudas directas de hasta 6.000 euros y asesoramiento en el cambio de horarios. La organización que encabeza Antonio Garamendi lo rechazó en la mesa de negociación y el resto también lo hicieron en contactos informales con el departamento, si bien, el equipo de Trabajo ha seguido confiando en esta fórmula para persuadir a los siete diputados catalanes.
Es por ello que todos los actores dan por sentado que el Gobierno perderá la votación del próximo miércoles. Fuentes del partido de Carles Puigdemont aclaran que la semana pasada no se produjo ninguna reunión con el equipo de Sumar, pero dejan abierta la posibilidad de que se produzca un encuentro antes del debate a la totalidad del Proyecto de Ley. A día de hoy, Junts mantiene su enmienda a la totalidad (junto a las presentadas por PP y Vox) para que el texto sea devuelto al Consejo de Ministros en la votación del miércoles.
La propia vicepresidenta segunda anticipó este escenario en las entrevistas concedidas a lo largo de la semana pasada, en las que se comprometió a volver a presentar el texto si finalmente decaía. Al tiempo que se emplazó a endurecer los requisitos del registro horario a través de un reglamento (que no tendría que pasar por el Congreso de los Diputados). En el entorno de Díaz reconocen que no estaban preparados para que la votación tuviera lugar tan pronto pero rechazan la posibilidad de retirar la iniciativa, como sugerían algunas voces dentro del PSOE.
Este marco sienta las bases para una segunda negociación con Junts a lo largo del otoño en el que la renovación de asientos en el CES, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) o el CES Europeo podrían volver a cobrar foco. Hace meses que Trabajo trasladó su intención de poner en marcha los nombramientos de los dos primeros y está previsto que el proceso del CES europeo culmine en septiembre, órgano en el que también se restó un asiento a CEOE para incluir a la patronal de Cañete.
Además, la asignación de un espacio en el CES español se dio a cambio del voto favorable a la reforma del subsidio por desempleo en mayo de 2024 (y en contra del criterio de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT) y el hecho de que no se haya materializado lleva a las fuentes consultadas a relacionarlo directamente con estas conversaciones abiertas. No obstante, recuerdan que se mantiene abierto el debate jurídico sobre la elección de Pimec frente a Conpymes para estos puestos, cuando según la norma no se puede asignar esta representatividad a una organización autonómica que forme parte de otra a nivel nacional, como es el caso.