Valencia
El sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, los entes y empresas públicas que gestiona la Administración autonómica, elevaron su coste económico en el primer año completo de gestión de Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano. Las sociedades y agencias multiplicaron por 40 el volumen de pérdidas registradas conjuntamente en 2024 respecto al año anterior.
La Cuenta General de la Generalitat revela que los 42 entes, sociedades y entidades que forman parte de la Administración autonómica, sin incluir fundaciones, consocios y universidades, registraron de forma agregada 'números rojos' por 922 millones de euros, lo que supone multiplicar los 23 millones que sumaban esos mismos organismos el año anterior.
Unas cifras que contrastan con los anuncios del propio presidente valenciano, Carlos Mazón, que desde su llegada a la Generalitat ha anunciado su intención de reducir "grasa" y racionalizar un sector público empresarial con el que se mostró muy crítico en la oposición.
Al poco de llegar al cargo el barón popular anunció la extinción de 6 agencias y empresas públicas que no se habían llegado a crear, además de contratar auditorías forensic después de denunciar "enchufes masivos" y posibles irregularidades en la anterior etapa del Botànic. Unas medidas similares a las que los socios de la coalición de izquierdas llevaron a cabo 8 años antes al relevar al PP.
Las dos mayores responsables
El fuerte incremento de las pérdidas del sector público empresarial valenciano tiene dos grandes protagonistas: la sociedad pública que gestiona Feria Valencia y el servicio valenciano de empleo, denominado Labora.
En el caso de la primera, hace dos años la antigua institución ferial se transformó en una empresa pública autonómica tras un complejo y largo proceso después de que durante años el Gobierno autonómico asumiese el pago de la deuda con la que se amplió el recinto hace casi 20 años. Como consecuencia de esos cambios y de los traspasos de los activos inmobiliarios, Feria Valencia tuvo que contabilizar este año casi 324 millones de euros de pérdidas, lo que tampoco ha evitado las salvedades de su auditor.
La situación de Labora, con un desfase de 294 millones de euros, responde más a los ajustes de transferencias de un año para otro, ya que el servicio de empleo recibió 500 millones de euros menos en transferencias y subvenciones durante esos 12 meses. El año anterior había cerrado sus cuentas con casi 200 millones de superávit.
Las deficitarias año tras año
Ambos entes superan a las empresas que tradicionalmente encabezan el desequilibrio de este sector público prácticamente desde su creación con las competencias autonómicas. Se trata de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el operador de las redes de metro y tranvía de Valencia y Alicante, que volvió a incrementar pérdidas hasta 166 millones de euros.
Al déficit por su actividad de servicio de transporte público que la Generalitat reequilibra con aportaciones anuales se suma los cuantiosos daños sufridos por la red de la empresa pública en Valencia por la DANA. En total la empresa pública cifra en 107 millones de euros las inversiones necesarias para reponer activos y el servicio, de los que 17 millones ya se contrataron el año pasado.
También otra de las firmas deficitarias todos los ejercicios, la gestora del circuito de Cheste, se vio afectada por las inundaciones. Además de no celebrar el Gran Premio de Motos, su mayor fuente de ingresos, cuantifica en 6 millones de euros el dinero para sus reparaciones.
Aunque con distinto nombre el ente de radio televisión pública de la actual À Punt sigue la senda económica de la antigua Canal 9. El grupo Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació alcanzó los 80,6 millones de euros de resultado negativo.
Otra empresa pública conocida por la polémica política generada en torno a ella, Ciegsa, ha visto como se reactiva por la DANA. Creada en su día por el PP para agilizar la construcción de colegios y denostada por el Botànic por sus sobrecostes e ineficacia, sigue existiendo pese a que se aprobó una ley para su extinción en 2013. Ante la urgencia para poder recuperar la actividad en los centros escolares destrozados por el agua Mazón ha vuelto a recurrir a ella.
Rentable pero con suspenso
En el otro lado de la balanza, como entidades rentables, se mantiene Epsar, la entidad responsable de la depuración de aguas residuales y que recibe el canon de saneamiento que se cobra en la factura del suministro. Esos ingresos directos de 282 millones de euros en 2024 le permitieron ganar más de 74 millones.
Una de las últimas empresas públicas en añadirse a la lista, Sitval, que gestiona las estaciones de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV) desde hace un par de años, también figura entre las rentables. Sin embargo, su beneficio de 7 millones no ha evitado que suspenda el examen del auditor, que ha denegado su opinión. La auditoría considera que no cumple las obligaciones legales en cuanto a la forma de valorar los centros que asumió de los antiguos concesionarios ni en materia laboral por las retribuciones que ha asumido para homogeneizar a los trabajadores que procedían de empresas distintas con distintos convenios. A ello se suma un servicio muy criticado por la saturación y largos plazos de espera y de reserva desde que se revirtieron las concesiones.