
Feria Valencia sigue aflorando la montaña de pérdidas económicas heredadas por la deuda generada por su ampliación y las dificultades de una actividad que se ha visto golpeada por la pandemia del Covid y las sucesivas crisis internacionales. La entidad, que se convirtió en empresa pública de la Generalitat Valenciana en 2023, disparó sus pérdidas hasta los 323,79 millones de euros el año pasado, frente a los 14 millones del ejercicio anterior.
Unos abultados 'números rojos' que reflejan el rescate público definitivo de la sociedad, que hasta 2023 operaba como una institución ferial. Una entidad gobernada como una fundación con un Patronato con varias organizaciones empresariales y administraciones como el Ayuntamiento, que era el titular de los suelos y quien había dado la concesión para la actividad hasta 2051, pero cuya elevada deuda era pagada por la Generalitat Valenciana.
La culminación de ese proceso que se inició hace más de una década y por el que han pasado tres Gobiernos regionales de distinto signo político es lo que ahora ha catapultado las pérdidas. Según las propias cuentas de Feria Valencia publicadas por la Intervención de la Generalitat, se debe "básicamente por las operaciones relacionadas con la extinción de la concesión y la posterior adscripción de los bienes afectos al servicio público de promoción de ferias comerciales oficiales".
Según incluye, las pérdidas por la extinción de la concesión administrativa para la explotación del recinto ascienden a 332 millones de euros. Un importe al que descuenta la cancelación de las subvenciones de capital recibidas en ejercicios anteriores, que ha generado un ingreso de 12,6 millones de euros, y también incluye un desajuste negativo de 3,6 millones de euros en la amortización neta de los activos.
Con la conversión en empresa pública y para pasar todos los activos y los pasivos a la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia cedió el suelo a la Generalitat mediante una operación denominada "mutación demanial" al tratarse de activos que suponían un peso muy relevante en el patrimonio público del consistorio. La Generalitat inscribió esos terrenos y edificios como "bien de dominio público afecto al servicio de promoción de ferias comerciales oficiales" en su propio patrimonio y el año pasado lo puso bajo titularidad de la empresa pública de Feria Valencia, que contabiliza el menor valor que supone el fin de la concesión.
En causa de disolución
Precisamente al pasar todos los activos inmobiliarios a la Generalitat y contabilizarse ese deterioro, Feria Valencia arrastraba un fondo de maniobra negativo y se encontraba en causa de disolución "al registrar un pasivo corriente superior al activo corriente en 450,4 millones de euros".
Para evitarlo, el Gobierno que preside Carlos Mazón aprobó en abril de este año capitalizar la mayoría de la elevada deuda que la Generalitat mantenía con su propia empresa, en concreto, 449 millones de euros. El socio de Feria Valencia transformó esa deuda en fondos propios de la sociedad para compensar "la baja contable del inmovilizado afecto a la actividad ferial y para restablecer el equilibrio patrimonial", según reflejan las propias cuentas.
Crecen los ingresos y se acercan a 2019
La empresa público logró aumentar sus ingresos un 78% el año pasado, hasta los 22,14 millones de euros, después de varios años marcados por la pandemia y crisis que golpearon a sus principales certámenes, como la guerra de Ucrania y su impacto en el gas y el azulejo. Un volumen que le acerca a las cifras pre-Covid de 2019, en que ingresó 22,8 millones de euros.
Su actividad también se vio interrumpida en el último trimestre del ejercicio 2024 por la DANA, que motivó la suspensión de ferias y eventos previstos durante el mes de noviembre y diciembre. Debido a la emergencia parte de sus pabellones, zonas comunes y cocinas de la Feria se destinaron a distintas tareas logísticas y humanitaria que supusieron unos gastos de 592.599 euros, "cuyos fondos no han sido restituidos por la Generalitat Valenciana".
Las cuentas no detallan la aportación a los ingresos de cada uno de sus certámente, aunque señala como "los más importantes por su margen de contribución" Fimma-Maderalia, que tiene carácter bienal, Cevisama, Hábitat, Iberflora, Automóvil, Fimi-Babykid, Nutraceuticals y Vehículo de Ocasión.
Precisamente la Feria verá como el que era su muestra profesional más visitada, la del sector cerámico Cevisama, se traslada de febrero a septiembre en 2026 para coincidir con Hábitat e intentar reducir la pérdida de negocio.
Investigación del Tribunal de Cuentas
Además Feria Valencia está inmersa en una investigación del Tribunal de Cuentas tras una denuncia de la Fiscalía en base al informe anual de 2023 de la Sindicatura de Cuentas por presuntas irregularidades en materia de retribuciones, incluido el sueldo de su entonces director general.
La empresa pública valenciana apela que sus condiciones laborales se corresponden a la subrogación de la plantilla de la anterior Feria Internacional de Valencia tras la transformación, aunque el Tribunal de Cuentas ha rechazado sus alegaciones.
Precisamente este viernes 1 de agosto Feria Valencia ha nombrado un nuevo director general, el empresario hostelero Mariano Clemente.