Valencia
La fuerza de la riada de la DANA han tenido un efecto sorprendente en el aparato de la Administración autonómica valenciana. Sus efectos ha desenterrado a una de las empresas públicas valencianas más polémicas y denostadas durante años y que ha estado salpicada por distintos casos de corrupción: Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa).
Una empresa pública que además se encuentra desde 2013 en un limbo ya que desde entonces está al borde de una desaparición, que nunca se acaba de concretar. El Consell entonces del PP aprobó una ley autonómica para su extinción para reducir los costes del sector público empresarial que fijaba como fecha límite para su desaparición el 31 de diciembre de 2026.
Ciegsa se creó en 2000 por el Gobierno entonces del popular Eduardo Zaplana para asumir la gestión de las obras de construcción de colegios y centros públicos. El argumento, que repiten las Administraciones públicas de turno ya sean de izquierdas y derechas cuando gobiernan, como volvió a pasar con el Covid o ahora la DANA, es la mayor agilidad de estas empresas 100% públicas para tramitar esas inversiones y recortar tiempos administrativos. Es decir, la Administración las justifica por su propia ineficacia.
Precisamente, ese es el argumento con la que Mazón la rescata ahora: acelerar las obras de construcción de los colegios destruidos por las inundaciones. Un deja vu en toda regla para los que aún tienen memoria y recuerdan que Ciegsa acabó como el rosario de la aurora en múltiples casos de corrupción y causas judiciales. Y, sobre todo, sin haber siquiera iniciado parte de los colegios que se les habían asignado por esa supuesta mayor eficiencia que llevó a Alberto Fabra, un presidente popular, firmar su finiquito que a estas alturas no se ha consumado.
La Generalitat permitió a Ciegsa endeudarse para financiar los colegios en un momento en que el boom inmobiliario era propicio para las arcas autonómicas. Pero a partir de 2008 con el estallido de la burbuja y la crisis financiera el panorama cambió por completo y con un Gobierno autonómico cuyos rating se desplomaban y al borde del default, que incluso cerró la televisión pública, esa deuda se convirtió en un pesado lastre.
Una auditoría con polémica
Tras la llegada de los socialistas y Compromís a la Generalitat, después de años en la oposición denunciando las supuestas irregularidades de Ciegsa, presentaron una auditoría de la Intervención que cifraba en cerca de 1.000 millones de euros los sobrecostes en comparación con los que habría tenido de realizarlos directamente la Conselleria. El cálculo de esa cifra también era cuestionable, ya que por ejemplo una parte considerable eran los intereses de deuda. Lo que apuntaba claramente era que las licitaciones comportaron desviaciones respecto al coste inicial previsto de 310 millones (el 19%) respecto al precio inicial.
Los socios del Botànic abrieron una comisión de investigación en Les Corts que finalmente acabó con unas conclusiones poco concluyentes. "Esta comisión no puede determinar, por no tener ni los mecanismos, ni los recursos necesarios, los perjuicios ocasionados al erario público de la gestión realizada por los diferentes Gobiernos de la Generalitat que desde el mes de julio del año 2000 hasta el mes de noviembre de 2013", rezaba el dictamen.
Condena al exgerente
Otra cosa es lo que ha pasado paralelamente en los juzgados. El exgerente de Ciegsa y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, fue condenado a cinco años de cárcel junto al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por los llamados zombies. Personas contratadas o designadas para los consejos tanto por Ciegsa como por Imelsa, otra empresa publicada salpicada por la corrupción que dependía de la Diputación, que realmente no acudían a sus supuestos puestos o ejercían sus actividades.
Una historia que recuerda demasiado a las informaciones que están apareciendo sobre otro político valenciano, en este caso el socialista José Luis Ábalos, y lo ocurrido en las empresas estatales del grupo Tragsa y vinculadas al Ministerio de Transportes.
El Pleno del Consell aprobó este martes ampliar el objeto social de Ciegsa pese a su particular situación jurídica para incluir entre sus actividades las labores de reconstrucción de los centros educativos afectados por la riada. Hasta ahora mantenía la gestión de la instalación y conservación de las aulas prefabricadas provisionales y la adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos ya contratados que le sean encomendados. El motivo es que por un lado Ciegsa aún era jurídicamente quien había firmado esos contratos y el deudor en el caso de la financiación prestada.
El concepto de chiringuito
Precisamente ese laberinto jurídico impidió que pese a las promesas del Botànic de liquidar la empresa sobreviviera a los ochos años de Gobierno de Ximo Puig, pese a la crítica feroz al que se consideraba chiringuito de los populares.
Ahora se añade la "gestión de la recuperación y reconstrucción de los centros docentes públicos que hayan sufrido daños como consecuencia de la dana cuando sea considerado necesario, inaplazable y de indudable interés público mediante resolución motivada de la persona titular de la Conselleria con competencias en la materia y que le sean encomendados".
Curiosamente Mazón anunció nada más llegar al poder auditorías por los "chiringuitos" que en su caso atribuye a los partidos de la izquierda, además de reducir "grasa" política y liquidar empresas públicas fantasma. Una limpieza y racionalización que sin embargo no afecta a Ciegsa.