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El expresidente de la Diputación de Valencia, condenado a 5 años por contratar para no trabajar

  • El popular Alfonso Rus ha sido juzgado por varias irregularidades en empresas públicas 
Alfonso Rus.
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Ya hay sentencia para una de las figuras polémicas de la anterior etapa del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por la contratación de personas en empresas públicas que sólo figuraban para cobrar la nómina y no acudían a trabajar.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por la pieza de los 'zombies' del caso Imelsa, según ha informado el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Esta causa incluye las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado y juzgado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Su denominación se debe a que se invertigaba si esas compañías había realizado contratos a personas que realmente después no realizaban el trabajo ni la función para la que figuraban en nómina, y que incluso no llegaban a acudir al puesto de trabajo.

Rus, que ahora ha sido condenado por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, se sentó en el banquillo junto a otros 25 acusados, entre ellos el que fuera secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

Precisamente Caturla también ha sido condenado a cinco años de prisión, la misma pena impuesta al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el popularmente conocido como 'yonki del dinero'. El tribunal, sin embargo, les absuelve de pertenencia a organización criminal.

La sentencia condena a 19 de los 25 acusados por las irregularidades en contrataciones de directivos, asesores y trabajadores de las empresas públicas Ciegsa e Imelsa entre 2004 y 2015 y ha absuelto a otros seis.

Al resto de los acusados la Sala les condena a penas que van desde los cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público, hasta los 4 años y 4 meses de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación.

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