Valencia
En una comunidad autónoma que ha vivido en su historia reciente la experiencia de cierres y concursos empresariales por los problemas de pago de las administraciones públicas en la crisis tras la burbuja inmobiliaria, el fantasma de nuevos retrasos o impagos del Gobierno valenciano hace temblar a todo tipo de sectores.
En esta ocasión ha sido el propio Gobierno de Mazón el que ha dado la voz de alarma ante la falta del extra FLA, el instrumento que desde hace 12 años todos los Gobiernos centrales habían habilitado para compensar el exceso de déficit del ejercicio anterior en las CCAA infrafinanciadas y, precisamente, evitar la asfixia financiera de los proveedores y contratistas autonómicos.
Esa fórmula ha supuesto durante estos años la puesta en marcha de una plataforma tecnológica en la que las empresas con facturas pendientes de la Generalitat las incluían y era directamente el Ministerio de Hacienda quien asumía el pago, descontándolo de esos préstamos aprobados a la Generalitat Valenciana. Una solución provisional que lleva aplicándose más de una década, ante la incapacidad de los partidos políticos y el Ejecutivo nacional para reformar el sistema de financiación autonómico, la razón de fondo de que la Comunidad Valenciana siga recibiendo menos fondos en comparación con la mayoría de CCAA.
Sin ese instrumento, que este año debía sumar unos 2.500 millones de euros de los que el Consell esperaba 1.900 millones en julio, la tesorería de la Generalitat se empieza a resentir. Especialmente en un año en que se suma el gasto extraordinario para hacer frente a la DANA, el retraso en aprobar los presupuestos autonómicos y la falta de nuevos presupuestos estatales con las actualizaciones de las entregas a cuenta, que también se han demorado.
El aviso a las farmacias
El propio Gobierno valenciano ha señalado quienes son los primeros damnificados. Sanidad ha comunicado a las farmacias que retrasará los pagos de las recetas del mes de mayo que se deberían abonar en junio un mes, hasta julio, ante la falta de los créditos del extra FLA.
Las oficinas de farmacia fueron precisamente una de las víctimas de la crisis de hace más de una década, cuando sus pagos se llegaron a retrasar más de 4 meses y medio. Una situación que provocó que cerca de 40 farmacias se declararan en concurso y varias tuvieran que cerrar o subastarse. Ese precedente causa inquietud en el sector y que ha llevado a su patronal, la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de la Comunidad Valenciana (Confar), a criticar la falta de claridad de la Administración en este asunto.
De hecho, tras el trauma que supuso aquella crisis, desde Confar están incluso dispuestos a convocar un cierre patronal para evitar que los pagos se acaben dilatando sin solución en el tiempo, aunque antes mantendrán una asamblea con los Colegios profesionales. "Si se retrasan los pagos la situación sería especialmente preocupante para las farmacias rurales y muchas de la zona cero de la DANA, que aún siguen pendientes de cobrar el seguro", explica Fernando Tramoyeres, que preside la asociación de la provincia de Valencia Farval.
El farmacéutico, con alrededor de 2.500 oficinas de la región, es uno de los grandes gastos de Sanidad, el departamento que acapara la mayoría del presupuesto autonómico. Otro de sus proveedores, el sector de productos ortopédicos y prótesis, también ha denunciado tradicionalmente los retrasos en los pagos. Según desveló la propia Conselleria de Hacienda, de los casi 1.800 millones de euros de deuda comercial que mantenía al cierre de abril, el 85% correspondía a Sanidad. Pero también empresas como las de residencias sociales o las de limpieza sufren especialmente los retrasos de la Administración valenciana, dado que una parte importante de sus costes son las nóminas mensuales de sus trabajadores.
Instaladores y mantenimiento
Otras empresas que ya han percibido como se alargan los periodos de pago de la Administración autonómica son las dedicadas a la instalación y mantenimiento de climatización, que dan servicio a los grandes hospitales, colegios y las propias sedes de las distintas consellerias. "En lo que va de año se ha notado que se están ampliando los plazos para pagar, algo que ya se inició con la DANA", señala Diego Sania, presidente de la Asociación Valenciana de Instaladores y Mantnedores de Climatización y Frío (Aviclima), que agrupa a 170 empresas.
Además, el responsable de la patronal enfatiza que aunque ahora se notan de nuevo más retrasos, superar el periodo medio fijado por la ley es casi una norma. En el caso de estas empresas que trabajan para todas las consellerias apuntan que actualmente el periodo para cobrar se sitúa entre 5 y 6 meses en el caso de la Generalitat, mientras que en los ayuntamientos oscila entre 35 y 90 días en función del municipio.
Lo cierto es que el periodo medio de pago (PMP) de la Administración de la Generalitat Valenciana se situó en mayo en 45,55 días, frente a los 37,65 registrados en el pasado diciembre, según los datos de la propia Intervención General. Un ratio que en el caso de algunos entes públicos se dispara, como la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia que se sitúa en 179 días o el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), con más de 184 días.
Como publicó elEconomista.es, el último informe de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2023 cifra que el 65% las facturas de la Generalitat superaron los 60 días que se establecen en la normativa, incluyendo los 30 días para la aceptación y los 30 días adicionales para el pago. La Sindicatura también reveló que la Generalitat pagó ese año 37,4 millones de euros de intereses y 3 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago. Una cifra a la que hay que añadir otros 55,8 millones que se han registrado en la cuenta de acreedores pendientes. Es decir, casi 100 millones al año de sobrecostes.
El deterioro de la situación volvió a quedar de relieve este jueves, después de que el propio Mazón pidiese a todos los departamentos de la Generalitat medidas urgentes de ajuste para tener en apenas 4 días y poder preparar un plan de choque si no se materializa el extra FLA. Un ajuste que llega cuando ni siquiera se ha cumplido un mes desde que se aprobaron los presupuestos para este año en Les Corts.