Valencia
La Generalitat Valenciana ya anticipa tensiones de tesorería a corto plazo para hacer frente a los pagos a sus proveedores y a los servicios sociales que gestiona debido a los menores ingresos con los que cuenta después de que el Gobierno de Pedro Sánchez renuncie a presentar nuevos Presupuestos Generales y tampoco haya aprobado el FLA extraordinario de ejercicios anteriores.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha anunciado que ante los posibles problemas en los pagos por los menores recursos, el Gobierno valenciano ha solicitado al Institut Valencià de Finances (IVF) "una transferencia temporal" para atender puntualmente el abono de los servicios públicos fundamentales durante este mes.
Una maniobra "para seguir atendiendo los pagos de los servicios fundamentales de la forma adecuada" a pesar de la situación "extremadamente delicada" de la tesorería provocada por los pagos pendientes del Gobierno de España, según a explicado la consellera del Gobierno de Carlos Mazón.
Merino llega a asegurar que sin los recursos de la actualización de las entregas y el FLA extraordinario "Sánchez nos lleva a la asfixia financiera" y ha reclamado al Gobierno "que no convierta a los valencianos en rehenes de su propia debilidad parlamentaria".
En línea con la preocupación de Mazón tras no renovarse el FLA extraordinario, para la consellera "a quien perjudica la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno es a los cientos de proveedores que pueden sufrir las tensiones de tesorería que ocasiona esta situación, o a los miles de valencianos a los que deja sin los recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales".
El origen
Según explica la Conselleria de Hacienda, sin actualización inmediata y urgente de las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2025, la Generalitat recibe alrededor de 200 millones de euros menos cada mes respecto a los recursos que el Ministerio de Hacienda le comunicó que dispondría este año, que ascienden a 13.883 millones en total.
De esta forma Merino cifra ya en 500 millones los que la Generalitat ha dejado de ingresar "por la incapacidad del Gobierno central para presentar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y la inacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para actualizar por decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación". Actualmente el Gobierno está pagando a las comunidades autónomas las cantidades prorrogadas de 2023.
Desde el Gobierno valenciano se teme que suceda lo mismo que el año pasado, "cuando la ministra Montero llevó a las autonomías al límite de su capacidad financiera al no aprobar hasta julio el Real Decreto Ley de actualización de las entregas a cuenta, incluso cuando ya había renunciado a presentar un proyecto de presupuestos para 2024".
En el caso valenciano a ello se suma que en el caso de la Comunidad Valenciana hay que sumar su negativa a financiar mediante el FLA extraordinario el exceso de déficit del pasado ejercicio, de alrededor de 3.000 millones.
A los menores ingresos del Estado se suman los mayores gastos por la emergencia y la reconstrucción tras la DANA a los que tiene que hacer frente la Administración valenciana, que ha sufrido daños directos en todo tipo de infraestructuras, desde carreteras y trenes y vías de metro a colegios y centros sanitarios, por citar sólo algunas.
Hasta el punto que merino llegó a declarar que "el Gobierno nos lleva a una situación próxima al colapso" ante esos recortes en el grifo financiero autonómico.