Valencia
A poca distancia de donde el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con las asociaciones de víctimas de la DANA, el presidente valenciano Carlos Mazón ha escenificado un frente común con más de una decena de asociaciones y patronales para reclamar que el Estado aporte financiación ante el riesgo inminente de retrasos e impagos en las facturas a sus proveedores. Una situación que Mazón atribuye a que no se haya aprobado el FLA extraordinario por primera vez en 12 años.
El propio Mazón ha reconocido que la situación de la tesorería del Gobierno valenciano para hacer frente a los pagos a sus proveedores es apremiante y cifró en 1.455 millones de euros la deuda comercial que mantiene actualmente con empresas, entidades y autónomos que realizan distintos servicios y trabajos para la Generalitat Valenciana.
Según detalló, a fecha de 31 de marzo, se contabilizan 1.916,7 millones en la cuenta 413 de la Generalitat, de los que el 6% corresponden a deuda comercial: 1.175 millones de euros. Ese importe se suma a las facturas contabilizadas pendientes de pago por no tener tesorería y que alcanzan los 280,7 millones de euros, lo que sitúa el total en esos 1.455 millones.
Su comparecencia ha coincidido con el encuentro de Sánchez en Valencia con las víctimas de la DANA, con el que no está previsto un encuentro entre ambos, aunque se había programado un día antes de que se anunciara el acto del socialista.
"Es un hecho que sin el FLA extraordinario la situación de tensión de la tesorería autonómica se sitúa a un límite prácticamente insostenible", reconoció Mazón. "Y lo es con mayor razón en un momento crítico, cuando estamos además exprimiendo al máximo nuestros recursos públicos", en referencia a la reconstrucción tras la catástrofe del pasado octubre, cuya polémica por la gestión de la emergencia persigue al propio presidente valenciano marca un continuo enfrentamiento con el Gobierno central.
Según el barón popular, ha compartido con los empresarios la "extraordinaria preocupación" porque "jamás habíamos llegado a un mes de mayo en estas circunstancias". "Tenemos la obligación de exigir tranquilidad para todos los usuarios de nuestros servicios, de nuestra educación y de nuestros servicios sociales, tenemos la obligación de ofrecer seguridad para las entidades proveedoras", aseguró.
Las reivindicaciones
Además de por la no aprobación del FLA extra, el Gobierno valenciano se siente agravado por otras medidas del Estado que considera que asfixian su caja y su liquidez al tratarse de una comunidad perjudicada desde hace años por la infrafinaciación. "Es un hecho que tampoco se han actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que supone dejar de recibir 800 millones de euros en lo que llevamos de año", recalcó Mazón, que también insistió en que esta reclamación va más allá del FLA.
"Es un hecho la falta de un fondo de nivelación, que antes era un objetivo común de todos", incluyó en sus reivindicaciones. "Es un hecho que no se ha transferido ninguna cantidad del anticipo que ha recibido el Gobierno de España del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea", añadió.
Además, defendió su política fiscal y al reducción de impuestos y con ella de ciertos ingresos autonómicos pese a la situación de la tesorería valenciana. "Quiero recordar que la Comunidad Valenciana es de las que mantiene aún una mayor presión fiscal, muy por encima de la media. Estamos entre las dos comunidades todavía con mayor presión fiscal", aseveró.
En el encuentro participaron la patronal autonómica CEV, las Cámaras de Comercio, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y varias entidades que agrupan a autónomos y colectivos sectoriales.
