Hace apenas tres semanas, EEUU miraba de cerca una crisis de deuda sin muchos precedentes, con la rentabilidad de los bonos a 30 años tocando máximos de 18 años por encima del 5,1%, y el de 10 años superando el 4,6%. La situación se ha relajado ligeramente desde entonces, gracias a una serie de buenos datos económicos. Aun así, las dudas siguen sobre la mesa, con todas las miradas puestas sobre la "Gran y bella ley" de reforma fiscal que ahora tramita el Senado y la amenaza de una suspensión de pagos si el Congreso no renueva la autorización para emitir más bonos antes del fin del verano.
La primera de las claves es la reforma fiscal. Después de haber superado su primer trámite en la Cámara de Representantes por un solo voto, el texto está ahora en el Senado. El objetivo de Donald Trump es que el Senado apruebe sus enmiendas en las próximas dos semanas y el Congreso apruebe el texto final para el 4 de julio, día de la Independencia de EEUU, en el que tiene planeado ratificar la ley en un gran acto simbólico en la Casa Blanca.
El problema es que los puntos clave de la ley siguen siendo igual de divisivos: el proyecto recortaría de forma drástica el programa de asistencia sanitaria para millones de personas de bajos ingresos (Medicaid) y, a cambio, dispararía el déficit y la deuda a niveles históricos gracias a una gigantesca rebaja de impuestos de 4,5 billones de dólares concentrada en el 1% más rico del país. Y la situación desataría las alarmas en los mercados, especialmente si el texto final mantiene la llamada 'sección 899', que permitiría poner impuestos a las inversiones extranjeras sobre activos en dólares. Cobrar impuestos adicionales a la gente que compra tus bonos sería la mejor manera de ahuyentar a los inversores justo cuando llegue una avalancha de deuda pública para pagar el histórico déficit que provocaría la ley. Y los intereses que el país paga a día de hoy ya son mayores que su presupuesto de Defensa, el mayor del planeta.
Más allá de ese punto, el conjunto del texto es políticamente tóxico para numerosos senadores republicanos, especialmente aquellos que representan a estados rurales y pobres, en los que una parte importante de la población depende de la asistencia gubernamental para pagar su seguro de salud. Los recortes dejarían a más de 10 millones de personas sin cobertura, en su gran mayoría en zonas donde arrasaron los republicanos en las últimas elecciones. Dejar a sus propios votantes sin seguro médico no es una idea que apasione a muchos senadores, especialmente a los que se juegan la reelección el próximo año, cuando se empiecen a sentir los efectos de los recortes.
A eso se suma una nueva batalla entre radicales y moderados. El ala más conservadora, liderada por el propio Trump, quiere recortar aún más todos los programas que no sean Defensa, pensiones y sanidad para jubilados y endurecer los impuestos a las remesas de dinero. Los moderados, por su parte, siguen rumiando la posibilidad de limitar las bajadas de impuestos a los más ricos y usar esos fondos para reducir los recortes sanitarios y mantener las ayudas a las energías renovables.
Las negociaciones también afectan a los diputados, que tendrán la última palabra: el Senado quiere retirar una bajada de impuestos a los ciudadanos de los estados más ricos (y que votan mayoritariamente a los demócratas, como California o Nueva York), pero una decena de diputados republicanos que representan a zonas conservadoras de esos estados han amenazado con tumbar el proyecto si no se mantiene esa rebaja. Y entre medias, algunos senadores critican puntos concretos, como la prohibición a los estados de aprobar regulaciones sobre la IA durante 10 años.
Al final, la situación en la misma que en la Cámara de Representantes: numerosos grupos distintos, con prioridades distintas, están presionando en sentidos opuestos. El líder del Senado, el republicano John Thune, del sector menos 'trumpista' del partido, quiere llegar a un acuerdo en su grupo para este viernes. Después, los letrados de la Cámara deberán inspeccionar todo el texto para tumbar cualquier provisión que no se circunscriba a la reforma fiscal, ya que los apartados no fiscales requerirían una mayoría reforzada de 60 votos -los republicanos suman solo 53 escaños en la Cámara Alta- y no una mera mayoría simple.
La presión del mercado entra en juego
Las negociaciones políticas esta vez serán bajo presión de los mercados. En estos días el país busca refinanciar 39.000 millones de dólares en bonos a diez años este miércoles, y otros 22.000 millones a 30 años este jueves. La operación más crítica es la de mañana jueves. Los mercados ya enviaron un serio aviso al llevar los bonos a largo plazo por encima del nivel crítico del 5%. El detonante fue el recorte de rating de Moody's, pero en el fondo está la desconfianza que ha generado Trump con sus erráticas políticas. Y los mercados van a estar pendientes de cada subasta en EEUU para detectar señales de alarma.
Los intereses de los bonos a 20 y 30 años han acelerado la escalada, mientras la deuda a corto plazo está cayendo. La curva de la deuda estadounidense se está empinando y en clave de inversión eso significa que el capital se está poniendo en guardia. El mes pasado, el mercado ya jugó una mala pasada a una emisión japonesa a largo plazo de 40 años, con una débil demanda.
Japón es el ejemplo perfecto de que al final no hay país que se pueda permitir un déficit y endeudamiento infinitos. El mercado está diciendo alto y claro que ya no quiere más deuda a largo plazo. Y lo peor es que ese sentimiento también se está trasladando a EEUU. Bob Michele, jefe global de renta fija de JPMorgan Asset Management, admitió la semana pasada que el bono largo no se cotiza ahora como el activo libre de riesgo que Wall Street conocía, y que la posibilidad de una reducción o cancelación de las subastas es real. Algo así sería otro duro golpe a la credibilidad financiera de EEUU.
La crisis de deuda se retrasa un mes
Eso, a corto plazo. Si las batallas se alargan, es probable que las negociaciones se extiendan durante julio. Al menos, los republicanos han recibido un balón de oxígeno en la segunda clave: la crisis de deuda. El Tesoro de EEUU lleva desde enero sin poder emitir bonos, ya que necesita una autorización del Congreso para hacerlo y la última venció el pasado 31 de diciembre. Desde entonces, el Gobierno está limitándose a refinanciar los bonos que van venciendo y pagando sus deudas adicionales con el dinero de los impuestos. Pero, con un déficit de casi el 7%, la 'hucha' de ingresos se va a acabar pronto. Y si no se ha aprobado una nueva autorización para emitir deuda para entonces, EEUU se verá forzado a anunciar una suspensión de pagos parcial, algo sin precedentes en la historia moderna del país.
Hasta ahora, los cálculos apuntaban a que los fondos se acabarían entre julio y agosto. De ahí la importancia del 4 de julio, más allá del simbolismo. Pero las últimas estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso apuntan a que la fecha será más bien entre agosto y septiembre, dando un mes más de plazo. Y, ante lo complejo del nudo gordiano, es probable que acaben por aprovecharlo si no aparece un acuerdo milagroso esta misma semana.
La duda que flota en el ambiente es el papel de Elon Musk. El hombre más rico del mundo atacó públicamente esa ley la semana pasada, desatando una breve pero intensa batalla con Trump. Musk parece haber dado marcha atrás a su virulencia estos días, después de que el presidente amenazara con rescindir los contratos públicos con sus empresas. Pero si mantiene la presión contra la ley, les dará algo que los republicanos no tenían hasta ahora: una excusa para votar en contra de los deseos de su líder.
El 'plan B', que ya circula estos días, supondría aprobar una versión recortada al máximo de la ley, con las partes en las que todos los republicanos están de acuerdo (como prorrogar los recortes de impuestos del primer mandato de Trump) y la autorización para volver a los mercados de deuda, y dejar el resto para una segunda batalla en otoño e invierno, ya sin la amenaza de la suspensión de pagos. Pero Trump ha exigido desde el principio aprobar "una gran y bella ley" en vez de varias pequeñas como proponían los senadores, de ahí su nombre para el texto. Aun así, si el acuerdo parece imposible, una pequeña victoria siempre sería mejor que una gran derrota.