El 41% de los inscritos en una oficina de empleo se queda fuera de las cifras del paro

Pese a las buenas perspectivas económicas y de creación de puestos de trabajo, el desempleo sigue sin romper la barrera de la referencia a 2008, el último ejercicio previo al estallido de la Gran Dimisión. El pasado mayo se contabilizaron 2,45 millones de parados registrados, todavía un 4,3% por encima de los del mismo mes de hace 17 años. Pero en ese tiempo han crecido mucho más los inscritos en los servicios públicos de empleo que no se consideran parte del desempleo. El pasado mes alcanzaron la cifra de 1,71 millones, un 73% más que antes de la crisis y un 29% desde 2022, cuando la reforma laboral apenas llevaba dos meses en vigor. Suman el 41,1% del total de demandantes de empleo, un umbral que hasta ahora solo se había superado por la pandemia.

En mayo había 4,17 millones de personas apuntadas en las oficinas de empleo inscritos, lo que significa que los usuarios de las oficinas de empleo suponen un 24,37% más que en mayo de 2008 y apenas un 1,94% menos que en 2022, pese a que el paro registrado ha caído un 16% en los últimos tres años. Aunque el foco del análisis del mercado laboral se pone en esta última cifra, la evolución de los inscritos en las oficinas implica que su carga de trabajo efectiva apenas se ha reducido. Lo cual es un problema que lastra aún más su siempre cuestionada eficacia.

El 41,1% de los inscritos no sean parados (un porcentaje que solo se superó en los meses de mayo de 2020 y 2021, cuando el mecanismo de los ERTEs se activó a toda máquina para reducir los estragos de la pandemia en el empleo), pone en el foco a la reforma laboral aprobada a finales de 2021, aunque entró completamente en vigor hasta abril de 2022.

Hay que tener en cuenta que la composición de estos demandantes 'no parados' ha cambiado. El grueso de los 1,71 millones corresponde a personas 'ocupadas', que suponen 1,14 millones. Pero de seis de cada diez de estos solo mantienen una 'relación laboral'. Es decir, tienen su contrato en vigor pero su trabajo suspendido al momento de inscribirse como demandantes. Esto es, está afectado por un ERTE o es un trabajador con contrato fijo discontinuos que ha pasado a la inactividad a la espera de que su empresa vuelva a llamarle. Se han disparado un 189,7% desde la reforma laboral y un 653,9% respecto a 2008, hasta los 669.209.

Por su parte, los ocupados propiamente dichos, han caído un 11.9% respecto a 2008 y un 21,36% desde la reforma, hasta los 468.004, lo que muestra que los que tienen empleo en activo no son los responsables del estancamiento en la reducción de los demandantes. De hecho, en los últimos años se ha producido un fenómeno sorprendente: estos ocupados han sido superados por el colectivo de demandantes que no están ocupados, pero no cuentan como parados.

En mayo la cifra alcanzó los 576.862, la tercera más alta de la serie histórica para ese mes después de 2020 y 2012 han crecido. Supone un incremento del 52% desde 2008 y un 14% desde la reforma laboral. Esta es una categoría 'cajón de sastre' que incluye a todos los desempleados que no cumplen los requisitos establecidos en la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado. Esta orden regula que los fijos discontinuos inactivos también quedan excluidos, pero, como hemos dicho, estos se engloban en el grupo de los demandantes con relación laboral.

En el grupo de los no ocupados se incluyen a los parados con disponibilidad limitada (como los que hacen cursos de formación) o que buscan empleos con condiciones muy específicas. En mayo sumaban 374.073, a los que hay que agregar otros 202.789 demandantes de empleo no ocupados (DENOS) que no son parados y engloban desde beneficiarios del subsidio agrario a estudiantes, pero también los demandantes con una situación de "alta especial de Seguridad Social". Esta última categoría incluye a emigrantes retornados, trabajadores desplazados o las excedencias, pero también los fijos discontinuos que no sean llamados al reiniciarse la actividad.

Una polémica de décadas

Aunque data de 1985, esta división siempre ha sido polémica. El antiguo INEM, sustituido a partir de 2003 por el SEPE cuando las competencias en gestión de demandas de empleo pasan a las comunidades autónomas, partían de la definición de parado de la OIT, como alguien sin trabajo, que lo busca activamente y está disponible para incorporarse. Pero el Instituto Nacional de Estadística, que parte de esta misma definición marco, sí incluye en la Encuesta de Población Activa colectivos tales como estudiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados... así como a fijos discontinuos inactivos si están buscando activamente empleo y tiene disponibilidad.

Sin embargo, los datos de la EPA también dejan fuera de su lista del paro a colectivos de personas que no trabajan y quieren hacerlo, pero tampoco encajan en sus propias definiciones y se consideran como inactivos, con lo cual también hay un agujero de supuesto 'paro oculto'.

Si nos guiamos por los datos mensuales del SEPE, se puede concluir que hay 1,25 millones de potenciales desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo excluidas por no trabajar, 669.209 demandantes con relación laboral y supuestamente fijos discontinuos, y otros 576.862 DENOSs no parados. Pero no deja de ser una aproximación.

Como ya hemos contado en elEconomsita.es, pese a lo que sostienen sus propios responsables, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sí maneja un registro de los colectivos de demandantes de empleo excluidos del paro registrado por la orden de 1985. El problema es que, por un lado, es un dato anual (aunque expresado como medias mensuales) y, por el otro, la clasificación no coincide con la que publica el SEPE.

En todo caso, si bien el debate sobre las personas sin empleo que no cuentan como parados ha cobrado una vitalidad inédita en el último lustro, marcado por los ERTEs de la pandemia y los fijos discontinuos desde la reforma laboral. La diferencia es que, mientras el Gobierno sí puso en marcha una estadística de las cifras de afectados por las regulaciones temporales para evitar acusaciones de maquillaje en las cifras de desempleo durante la pandemia, en el caso de los fijos discontinuos si la transparencia destaca por algo es por su ausencia. Tampoco se habla de lo que ocurre con los DENOS,

Mientras tanto, los trabajadores de los servicios públicos de empleo autonómicos y del SEPE deben atender una pila de 4,2 millones de expedientes, lo que lleva a un enfrentamiento cada vez más intenso entre los sindicatos y los responsables políticos, incluyendo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuya prometida reforma de sistema nacional de empleo sigue sin dar resultados evidentes.