Un tribunal prohíbe los aranceles de Trump y otro los revierte horas después, ¿y ahora qué? Estos son los caminos que se abren

Esta historia involucra a tres tribunales distintos, un gobierno, un puñado de normas y el destino económico de la mayor potencia económica mundial. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la mayoría de los aranceles decretados por Donald Trump el miércoles. La Casa Blanca presentó una reclamación ante el Tribunal de Apelaciones Federal, que ha suspendido la sentencia y resolverá el fondo del asunto el 9 de junio. El caso previsiblemente llegará al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Entre tanto, los aranceles siguen activos y el equipo de Trump está preparando los recovecos con los que burlar las sentencias. Hasta cuatro leyes permiten al presidente esquivar parcialmente las sentencias, mientras la guerra judicial se recrudece y la incertidumbre económica sigue en máximos.

Guerra en los tribunales

La noticia salta cuando el miércoles el Tribunal de Comercio Internacional resuelve por unanimidad la denuncia que los estados demócratas habían presentado por los aranceles impuestos por Donald Trump. Los magistrados sentencian que son ilegales las tasas aduaneras impuestas a China, Canadá, México y el resto del mundo en diferentes momentos invocando la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (las siglas en inglés, IEEPA). De un plumazo, el Tribunal de Comercio elimina los impuestos a las importaciones contra China, actualmente del 30%; contra Canadá y México, del 25%; y contra el resto del mundo, del 10%.

El Tribunal no toca el resto de aranceles, que abarcan el 25% de tasas a las importaciones de productos de acero, aluminio y vehículos, ya que estos últimos se decretan utilizando otras leyes y con otros procedimientos legislativos. Detrás de la sentencia, se esconden dos argumentos:

• Por un lado, que la declaración de emergencia y los objetivos que persiguen son ilegales. La propia defensa de la Casa Blanca argumenta que eran una herramienta de negociación, no una situación extraordinariamente urgente.
• Por otro lado, el presidente invade las competencias del Congreso. Aunque el Parlamento estadounidense ha ido dando flexibilidad al Gobierno, la política comercial depende primordialmente del Legislativo.

El Tribunal da 10 días a la Casa Blanca para anular los aranceles y abre la puerta a reembolsos multimillonarios a las empresas estadounidenses importadoras por el cobro de las tasas. El Gobierno presenta automáticamente un recurso en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (no hay un órgano equivalente en España, en ciertos casos se asemeja a los Tribunales Superiores de Justicia). Además, amenaza con llevar el caso al Tribunal Supremo. En paralelo, Trump, como es habitual, estalla contra los jueces en su red social mientras la prensa le pregunta directamente por su estrategia de echarse hacia atrás constantemente (técnica TACO).

Camino al Supremo

El Tribunal de Apelaciones respondió a la reclamación de los abogados de la Casa Blanca y suspendió cautelarmente el jueves la sentencia del primer tribunal. Esto significa que los aranceles siguen activos hasta que el la Corte de Apelaciones tome una decisión. Si rechaza la sentencia del Tribunal de Comercio, los aranceles seguirán como hasta ahora. Si le da la razón a los magistrados frente al Gobierno, la Casa Blanca no tendrá más remedio que acudir al Tribunal Supremo.

Si es el segundo camino el que finalmente se recorre, el Supremo también tendría la potestad de suspender cautelarmente la decisión de los magistrados federales mientras resuelve el litigio. La decisión del Supremo es irrevocable. Aunque Trump seleccionó a 3 de los 9 jueces que componen el Alto Tribunal, y en conjunto 6 de los 9 se consideran afines a la ideología conservadora, no está claro que la decisión del Supremo sea favorable a la Casa Blanca si finalmente se llega a esa instancia. En cualquier caso, estas rondas judiciales añaden más inestabilidad a los mercados financieros.

¿Qué dicen las leyes de EEUU?

En estos momentos, el Gobierno y los tribunales federales están litigando en función de cinco normas: la Constitución de EEUU (que regula quién tiene la potestad comercial y legislativa) y cuatro leyes comerciales aprobadas a lo largo del siglo XX para regular qué puede y qué no puede hacer el presidente estadounidense en materia comercial:

• Ley Arancelaria de 1930 o Ley Smooth-Hawley: creada un año después del crack financiero, habilitaba al Gobierno de EEUU a establecer elevados aranceles. Fue parcialmente eliminada con una reforma de 1934 debido al fracaso de su política proteccionista.
• Ley de Expansión Comercial de 1962: decretada el mismo año de la crisis de los misiles de Cuba y después de la construcción del Muro de Berlín, esta norma está pensada para agilizar las relaciones comerciales con el objetivo declarado en el propio texto de detener al comunismo.
• Ley de Comercio de 1974: la norma amplía la capacidad del presidente de Estados Unidos que otras leyes le concedieron previamente. El objetivo era detener los altos niveles de inflación derivados de la crisis del petróleo y el fin del patrón oro como unidad de medida.
• Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia de 1977: permite al presidente establecer medidas de intervención sobre la economía. Estas contemplan todo tipo de escenarios, no solo aranceles.

Según señalan diferentes voces, desde los análisis de casas como Goldman Sachs hasta medios como The Wall Street Journal, la Casa Blanca se guarda diversos métodos bajo el brazo con las que puede seguir presionando al comercio mundial. Varias secciones de estas leyes (equivalentes a los 'artículos' en las leyes europeas) habilitan —con procedimientos más largos y menos efectistas, eso sí— que el Ejecutivo estadounidense siga estableciendo impuestos comerciales. Hay al menos tres fórmulas que puede usar la Casa Blanca.

El Gobierno puede decretar temporalmente un arancel universal de hasta el 15% a las importaciones y establecer cuotas de compras invocando la sección 212 de la Ley de Comercio de 1974 hasta un período de 150 días. El presidente tiene la obligación de informar al Congreso y solo este puede extender el período de 150 días.

El Ejecutivo de EEUU puede restringir las importaciones o establecer aranceles debido al riesgo para la seguridad nacional, según la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial del 62. El propio Congreso explica que esta ha sido la fórmula que tradicionalmente se ha empleado, en vez de la ley de emergencia. De esta forma es como Trump ha reactivado los aranceles del acero y el aluminio del 25% de su primer mandato, así como ha establecido los impuestos a los automóviles.

Finalmente, Trump puede echar mano de las secciones 301-304 de la Ley de Comercio del 74. Estos artículos permiten declarar medidas de emergencia como los aranceles y otras restricciones (sección 301) iniciando una investigación contra otro país (302), consultando obligatoriamente con representantes de dicho país (303) y publicando un informe final que argumente las sanciones (304). Con este sistema, los tiempos se alargan hasta 12 meses y, además, se debe ir país a país, sector a sector. Esta fue la fórmula que utilizó Trump contra China en su primer mandato.

Goldman Sachs cree incluso que podría echar mano de la ley de aranceles de los años 30 para imponer impuestos de hasta el 50%, aunque esta medida es bastante controvertida y tiene papeletas de hundirse en los tribunales debido a la reforma de 1934. En cualquier caso, estas fórmulas no alejan el riesgo del presidente, pero sí limitan la capacidad de acción. En última instancia queda que Trump ignore a los tribunales y mantenga las medidas. Mientras, los mercados, las empresas y los ciudadanos siguen rodeados de incertidumbre.

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