Valencia
La Comunidad Valenciana es una de las autonomías que lleva años reclamando con más fuerza la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado hace una década y que la condena a menores recursos por habitante respecto a la mayoría de CCAA. Una de las cuestiones que en principio se abordarán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 26 de febrero, aunque parece difícil un acuerdo,
Aunque la propuesta del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero en teoría se centra en la población como base para el nuevo reparto, lo cierto es que los criterios para ajustarla a las peculiaridades territoriales generan el rechazo del Gobierno valenciano del popular Carlos Mazón, que considera que no garantiza que la Comunidad Valenciana no siga a la cola e incluso mantenga su infrafinanciación per cápita que padece desde principios de siglo.
En el Comité Técnico Permanente previo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha celebrado hoy, los representantes valencianos han vuelto a defender que el criterio básico para la asignación de recursos debe ser la población e insisten en que el Gobierno central debe aportar más recursos del Estado al sistema.
El quid de la cuestión está en qué criterios y cómo se aplican para el cálculo de la población ajustada, es decir, hasta que punto otros factores pueden variar esa base en función de la situación de cada región. Tradicionalmente las CCAA con menos población han defendido tener en cuenta factores como la dispersión de la población o el envejecimiento, por su efecto en el gasto público.
Para los altos cargos de la Conselleria de Hacienda, el problema es que con las variables recogidas en la propuesta del Ministerio se generan unas diferencias de necesidades de gasto por habitante de hasta dieciséis puntos porcentuales, que son superiores al actual sistema que ha provocado la infrafinanciación valenciana. Según el cálculo de los técnicos valencianos, el actual se sitúa en unas diferencias de necesidades de once puntos. Es decir, que según se apliquen podrían ampliar más la brecha entre unas y otras.
La conclusión del Consell es que no el documento de Montero no garantiza a la Comunidad Valenciana mejorar su situación actual en comparación con el resto de autonomías. "La propuesta que el Gobierno nos ha puesto sobre la mesa no beneficia en absoluto a la Comunidad Valenciana, porque es tan abierta que, en función de cómo se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales y hundir todavía más a la Comunidad Valenciana", en palabras de Eusebio Monzó.
Un rechazo que ya quedó patentes en las alegaciones enviadas al Ministerio de Hacienda en enero de 2022 en respuesta a la primera propuesta sobre la nueva metodología de cálculo de la población ajustada. Según la postura de los expertos valencianos, tomar como referencia la población ajustada en base a variables demográficas y correctivas "poco transparentes y sin justificación técnica" genera diferencias significativas de financiación por habitante entre comunidades no justificadas. Para la Generalitat, estas diferencias "no deberían situarse por encima del 5% sea cuáles sean las variables utilizadas y los pesos asignados".
Los otros frentes
No es el único obstáculo. La delegación valenciana ha instado al Ministerio de Hacienda a plantear un esquema completo de cómo quedaría el sistema en su conjunto para reactivar la reforma. Esa información es básica para saber si se mantiene los actuales fondos secundarios que "distorsionan" el reparto inicial del Fondo de Garantía en la foto conjunta del sistema.
El secretario autonómico de Hacienda además volvió a instar a que se incluya de manera inmediata un Fondo de Nivelación que iguale a las regiones infrafinanciadas a la media y en el apartado de ruegos instó al Ministerio de Hacienda para que permita financiar el exceso de déficit de 2024 mediante el FLA extraordinario y se actualice de inmediato las entregas a cuenta del sistema de financiación, para evitar que ambas situaciones sigan generando tensiones de tesorería precisamente cuando la Generalitat afronta el esfuerzo de la reconstrucción tras las riadas de octubre.
El caso de Cataluña
Además, el Gobierno valenciano del PP sigue desconfiando de los acuerdos para Cataluña. "No podemos olvidar que todo este debate técnico no tiene sentido mientras la ministra de Hacienda no nos aclare cómo encaja la financiación a la carta que está dispuesta a conceder a Cataluña con el mantenimiento de los principios de igualdad y solidaridad que deben primar en el sistema", ha criticado Monzó.
"Porque por mucho que nos quieran confundir, el sistema que nos proponen no puede ser singular y solidario a la vez, no puede ser multilateral y bilateral y, sobre todo, no puede ser que dé más recursos a todas las comunidades autónomas cuando de lo que estamos hablando es de la salida de Cataluña del régimen común", ha insistido.