Valencia
El director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, cuestiona la propuesta técnica para la reforma del modelo de financiación del Ministerio de Hacienda porque "puede desfigurar" el criterio de población ajustada y considera la condonación la única opción para el lastre de la deuda.
La sensación que tienen de los valencianos con la reforma de financiación autonómica es que los años pasan sin avances. ¿Es así?
Avances hay pocos. El más importante es el reconocimiento del problema, y no es insignificante, porque hubo un tiempo en que se negaba. Pero lo importante es que se solucione el problema y ahí siguen sin darse pasos. El argumento suele ser que se requiere de un amplio consenso que es difícil de conseguir ahora, pero creo que todos pagamos un precio por no hacer reformas que están justificadas. Tiene consecuencias porque retrasa que el despliegue del Estado del Bienestar se haga en las mismas condiciones en toda España.
Desde Valencia se reivindica el criterio de población ajustada, pero el informe del comité del que forma parte no considera tan positiva la propuesta del Ministerio.
El criterio de población ajustada quiere decir que si queremos que haya igualdad el reparto tiene que hacerse de acuerdo con un criterio de necesidad. La Comunidad Valenciana asume ese criterio porque recibe menos recursos de los que tendría por habitantes. Actualmente no se sigue porque aunque una parte del modelo se reparte en proporción a una población ajustada, otras partes responden a otros criterios y desfiguran el resultado. Por eso se reivindica un criterio de población ajustada razonable, pero también eliminar lo que no es población ajustada del modelo, por ejemplo el statu quo: si a una comunidad le tocan menos recursos por población ajustada y antes tenía más se le siguen dando los de antes.
¿Esa es la crítica fundamental?
El Ministerio ha elaborado un documento que discute como se podría calcular esa población ajustada, pero no dice nada de una parte muy importante, que es eliminar otros fondos, porque si no estaremos en las mismas. Los recursos que van por esas otras vías tienen que repartirse también por población ajustada. Además, la propuesta técnica sobre los criterios para calcularla tiene una parte que no nos convence. Sugerimos mejoras en las variables demográficas. Hay otras variables, que son geográficas, en que los criterios nos parecen menos convincentes. Y plantea otra posible criterio: el tamaño de las comunidades porque considera que las pequeñas podrían tener unos costes fijos que les pesaran más. Hemos sido muy críticos porque no se concreta la forma de ponderar las variables y algunas de esas posibilidades podrían volver a dar lugar a diferencias de financiación por habitante injustificadas.
Con la propuesta planteada ¿podría mantenerse la infrafinanciación valenciana?
Dentro de lo que se ha planteado podría volverse a dar una situación de infrafinanciación relativa, pero también dentro de la propuesta se podría dar la solución al problema. Dependerá del cierre. Al final podría pasar que en nombre de la población ajustada se acabaran justificando diferencias de financiación tan grandes como las actuales.
Según sus informes la infrafinanciación valenciana es el origen de gran parte de la deuda autonómica. ¿En cuánto la cifran?
En ese cálculo se distinguen varios escalones. Primero sería cuánto hubiera sido menor la deuda si gastando lo que se gastó hubiéramos tenido un nivel de ingresos como la media. Segundo, el conjunto de CCAA han tenido un problema de ingresos tras la crisis financiera, una infrafinanciación generalizada. Tercero, en el caso valenciano se podría arrastrar una infrafinanciación de antes de 2002, cuando las competencias por CCAA eran muy diferentes. Por último, los intereses mayores que ha habido que pagar por la mayor acumulación de deuda. Estos cuatro factores sumarían 37.000 millones de euros, el 73% del total. El resto, 13.300 millones, sería la deuda que no se explica por la infrafinanciación y representaría el 12,6% del PIB regional frente al 48% que tenemos ahora.
¿Hay soluciones para esa deuda?
En el informe de la Comisión Nacional de Expertos de 2017 hice un voto particular porque considero que corregir el problema de la infrafinanciación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento. ¿De qué manera? Pues haciendo una condonación, una compensación que solo será eficaz si se corrige el origen del problema.
Condonar suena muy fuerte
Una parte de la comisión de expertos estaba de acuerdo y otra parte no. Al final la comisión defendió la necesidad de reestructurar deuda. Otros consideramos que eso no va a ser suficiente por el volumen acumulado. Y porque el argumento para decir no a condonar, que es evitar el riesgo moral de que si se perdona la deuda se corre el riesgo de que se vuelva a ser irresponsable, tiene una debilidad. En este caso no es que se haya sido irresponsable, es que se tenían menos ingresos. Ese argumento al final lo que dice es que por tener menos ingresos de manera injustificada se debería prestar servicios públicos de menos nivel, y eso es otro riesgo moral: obligar a una parte de ciudadanía a recibir servicios más bajos por una injusticia financiera.
¿Preocupa la subida en los tipos de interés que viene con esa deuda?
Es una amenaza. Si tenemos una deuda de más de 50.000 millones de euros por cada punto que suban los tipos de interés la carga financiera aumentaría en 500 millones. Si eso va acompañado de un episodio en que las facilidades de financiación de los últimos años no continúan nos veríamos abocados a una necesidad de ajuste que no padecen otras CCAA.
