La Comunidad Valenciana reclama 1.782 millones al año del fondo por la infrafinanciación

La Generalitat Valenciana y los partidos políticos valencianos ya han acordado el dinero que reivindicarán al Gobierno central en la negociación de un fondo transitorio hasta que se reforme el actual sistema de financiación autonómica. Serán 1.782 millones de euros anuales de media para los próximos cuatro años, incluyendo el actual, a partir de un informe elaborado por la comisión de expertos en financiación autonómica que asesora al Gobierno y Les Corts valencianas.

Según la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, es posible "poner ya en marcha un fondo de nivelación que permitiría a la Comunidad Valenciana y las demás comunidades infrafinanciadas igualarse a la media de financiación del conjunto de comunidades de régimen común".

La cifra es la calculada por los expertos de la comisión nombrada por Les Corts, que se ha expuesto en la Comisión Mixta Consell-Corts como resultado de su trabajo de actualización sobre el fondo de nivelación y la deuda autonómica.

De acuerdo a esta propuesta, en 2024 ese fondo de nivelación transitorio debería estar dotado de 3.237 millones de euros, de los que una tercera parte (1.183 millones) corresponderían a la Comunitat Valenciana. En concreto, según los cálculos de los expertos, la Comunitat Valenciana debería recibir una media de 1.782 millones de euros de este fondo de nivelación en cada año de la legislatura: 1.183 millones en 2024, 1.746 millones en 2025, 2.002 en 2026 y 2.196 en 2027.

En un principio, al fondo de nivelación se acogerían las cuatro comunidades infrafinanciadas (Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha), aunque si no se aborda la reforma del sistema de financiación se deberían sumar otras autonomías y aumentaría el coste total a abonar por parte del Estado. Si se accediese a esa reclamación, este dinero extra permitiría que en 2027 que la financiación efectiva por habitante ajustado fuera equivalente al 99% de la media de las autonomías. Si la transferencia se aplicara durante los cuatro años de la legislatura el coste total de cada anualidad para el conjunto del fondo transitorio de nivelación ascendería en promedio a 6.100 millones de euros.

Merino ha asegurado que el Consell de Carlos Mazón se basará en esta propuesta "posibilista" para exigir esta "reivindicación ya histórica" frente a la "inoperancia evidente" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del Gobierno "para poner en marcha la reforma del sistema de financiación".

"Sabemos que contamos con la fuerza de los argumentos técnicos objetivos y también con la fuerza de la unión, que este martes se demostró por parte de sindicatos y patronal junto con el presidente Mazón. Por tanto, con esa fuerza de los argumentos, con la fuerza de la unión entre la sociedad civil valenciana, vamos a seguir avanzando para conseguir que esta reivindicación sea una realidad", ha destacado.

Por su parte, el coordinador de la Comisión de Expertos, Francisco Pérez, ha destacado que el fondo transitorio de nivelación debe ir recalculándose año a año para cumplir su objetivo de que las comunidades infrafinanciadas alcancen la media de financiación del conjunto de comunidades autónomas de régimen común mientras se completa la reforma del modelo de financiación. "El fondo tiene una virtud, y es que cuando se aborde la reforma del sistema, todos estaríamos muy cerca del objetivo perseguido", ha destacado el responsable del Ivie.

El informe de los expertos destaca que la puesta en marcha una transferencia transitoria de nivelación (TTN) para las comunidades que se sitúan por debajo de la media a la financiación promedio por habitante ajustado a competencias homogéneas lograría un doble objetivo. En primer lugar, reduciría la infrafinanciación de aquellas autonomías con recursos por habitante ajustado inferiores a la media mientras la reforma del sistema de financiación autonómica permanezca aplazada. Y, en segundo lugar, permitiría que las importantes diferencias de financiación por habitante ajustado que existen actualmente se fueran reduciendo a lo largo del proceso de ajuste, de modo que se facilitaría la deseable reforma del sistema.

La cuestión de la quita de deuda

Por lo que se refiere a la valoración de la deuda, el informe de los expertos analiza para el caso valenciano el peso de la infrafinanciación colectiva, derivada de la insuficiencia de recursos del actual modelo de financiación y que afecta en distinta media a todas las comunidades autónomas, y de la infrafinanciación relativa valenciana, que se remonta hasta 2001. A ello se suma el coste de los intereses asociados a los niveles de deuda generados por esos dos componentes de la infrafinanciación, la general y la específica de la Comunitat.

La conclusión de los expertos es que el peso de estos tres componentes equivale al 78% de la deuda valenciana, que en términos absolutos representa 43.000 millones de los 55.000 millones a los que asciende la deuda total de la Comunitat Valenciana.

En su intervención ante la Comisión Mixta Consell-Corts, la consellera de Hacienda ha recordado los pasos que ha ido dando en los últimos meses encaminados a avanzar en la reforma pendiente del sistema de financiación. Así, ha recordado que el pasado 11 de septiembre remitió a la ministra de Hacienda una carta en la que, además de la reforma del sistema de nivelación, ya solicitó la puesta en marcha de un fondo de nivelación que permitiera a la Comunitat Valenciana recibir los mismos recursos que la media de comunidades de régimen común mientras culmina la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Después de esa solicitud, a la que la ministra de Hacienda nunca llegó a dar respuesta, la consellera Ruth Merino reiteró estas peticiones en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado 11 de diciembre. El Gobierno excluyó del orden del día la reforma pendiente del modelo de financiación, por lo que tuvo que ser en el turno de ruegos y preguntas cuando la consellera solicitó tanto el fondo de nivelación como la reactivación inmediata de los trabajos para aprobar el nuevo sistema de financiación.

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