La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha pedido este lunes, en un desayuno informativo celebrado en Madrid, la creación de un fondo complementario de nivelación de 3.000 millones para las comunidades autónomas infrafinanciadas "que debería ser financiado por entero por el Estado y abordarse de forma inmediata. Un fondo que se repartiría entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla La Mancha.
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, presentó durante el encuentro, celebrado junto con la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), un informe en el que propone abordar la reforma del sistema de financiación en varias fases. "Puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un acuerdo general", apuntó de la Fuente.
Ya en una segunda fase, refiere el informe de la fundación, podrían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, como una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.
Mientras se implementa la segunda fase, Fedea estima conveniente que se abran negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego con las comunidades autónomas, para buscar un consenso lo más amplio posible sobre las reformas que el sistema necesita. "Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, pero no a cualquier precio", dijo de la Fuente.
Según el informe, aun dejando de lado a las comunidades forales, con datos de 2021 (el último año liquidado), existe un abanico de unos 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante ajustado (a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal). Si añadimos a las comunidades forales, las diferencias son mucho mayores pues estos territorios se sitúan entre 50 y 100 puntos por encima de la mejor financiada de las comunidades de régimen común.
El informe precisa que la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación relativa tras la aplicación del sistema carece, además, de toda lógica. "No es que las regiones pobres, o las ricas, estén sistemáticamente bien o mal financiadas, sino que hay un poco de todo". Así, Murcia está en 91 y Andalucía en 94 sobre una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común, mientras que Extremadura anda por 111 y Canarias está en 107. Por su parte, Madrid y Cataluña están en torno a 102 frente a los 115 de Baleares y 113 de la Rioja.
Riesgo de una financiación a la carta
La Fundación de Estudios de Economía aplicada advirtió del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta, negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña", ya que esto "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial".
En este sentido, su director ejecutivo comentó que, debido los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con las formaciones independentistas, "podría iniciarse una deriva hacia un sistema de financiación a la carta que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado". En su opinión, "esto no sería admisible", pese a que esta situación ya existe con las comunidades forales del País Vasco y Navarra. Una situación que de la Fuente considera que habría que ir corrigiendo de forma gradual.
Además, de la Fuente ve un posible riesgo en el hecho de que una financiación a la carta pudiera extenderse a otras comunidades con mayor peso económico. "Eso privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial".
Para el director de Fedea, la reivindicación independentista de una financiación a la carta podría comportar que ciertas comunidades se queden básicamente sin recursos porque no se financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno central se podría quedar sin fondos para ejercer sus funciones. "Si esto se cede, si aceptamos echar a andar en esa dirección, estaríamos echando a andar en la dirección del Estado federal en el que cada uno se queda con lo suyo. Lo hoy se dé a Cataluña mañana lo pedirá Baleares y pasado mañana lo hará Madrid", advirtió.
