Los bancos pagan 348 millones de 'multa' por despedir a mayores de 50 años teniendo beneficios

Las entidades financieras españolas han protagonizado en los último quince años un intenso proceso de ajuste en sus plantillas, que se ha centrado en los trabajadores a partir de los 50 años, incluyendo despidos colectivos que fueron aprobados a pesar de que sus cuentas registraban un saldo positivo. Pero esto no les ha salido gratis: cinco grandes bancos han tenido que pagar entre 2013 y 2023 una aportación de 348 millones de euros al Tesoro para compensar al Estado por el gasto en prestaciones y subsidios de unos ceses que, en la mayoría de los casos, se conviertieron en prejubilaciones.

La cantidad abonada por estas entidades supone el 35% de los 997 millones que, hasta 2023 se ha ingresado por la conocida como 'cláusula Telefónica', una medida impulsada en 2011 por el Gobierno socialista pero que no se empezó a aplicar hasta 2013. Aunque la cantidad adeudada es algo mayor, y alcanza los 1.040 millones. Como su propio nombre indica, esta 'multa' se originó por el ERE que el gigante de las telecomunicaciones aplicó en 2011 sobre un total de 6.830 trabajadores. Esta compañía ha abonado 305 millones de euros, el 31% del total de lo obtenido hasta 2023.

Desde que empezó a publicar estos datos, hace una década, el Informe Anual del SEPE ha puesto el foco en este proceso. Eso sí, los datos publica con un año de retraso, con lo que no recoge los datos de 2024,incluyendo el nuevo ERE (también con beneficios) presentado por Telefónica. Pero tampoco incluía las cantidades abonadas por otras empresas, incluyendo a los bancos. En su última edición corrige parcialmente esta omisión.

El documento revela que entre 2013 y 2023 CaixaBank ha aportado 185 millones de euros, Bankia 78 millones de euros, Ibercaja 43 millones de euros y Barclays Bank y Santander, con 21 millones de euros cada una. Un total de 348 millones de euros que se concentran en la entidad presidida por Tomas Muniesa, que en 2020 absorbió a Bankia. Aunque la cifra real es mayor, ya que el en la lista de empresas obligadas a compensar al Estado figuran otras entidades financieras, como Cajas Rurales Unidas o Bantierra, para las que, sin embargo, el SEPE no desglosa el importe abonado.

A cambio, sí se incluyen los datos de empresa no bancarias, como Iberia (78 millones) y Altadis (21 millones). Lo que no se detalla es el número de trabajadores afectados para este grupo de compañías. Se da una cifra general: en la primera década en vigor de la cláusula se reclama el coste generado por 31.029 despidos a un total 102 empresas. A estas compañías se añaden otros 19 aún en fase inicial de reclamación.

Llama la atención la diferencia entre el sector financiero y Telefónica. La clave es que la cláusula solo obliga a las empresas que despidan presentando un balance positivo en su cuenta de resultados. Además hay que tener en cuenta que, aunque la cláusula Telefónica estaba aprobada desde 2011, no se empieza a reclamar hasta 2013, cuando el gobierno desarrolla reglamentariamente el mecanismo de cálculo de las aportaciones. Por ello no incluye el grueso de los despidos de mayores de 50 años en el marco de la gran reestructuración del sector financiero iniciada en 2009. La mayoría de esos despidos se realizaron por motivo de esta transformación, pese a que las entidades aún registraban beneficios.

Aunque en esos años, la banca recibió ayudas públicas que destinaron, no solo a sanear sus balances durante la crisis financiera, sino a evitar los despidos y poder hacer ajustes de plantilla 'pacíficos', fomentando cuando fuera posible las salidas voluntarias o 'bajas incentivadas' sobre los despidos de los trabajadores de edad más cercana la edad de jubilación. Aunque la definición de "más cercana" se amplió progresivamente de los 60 a los 50 años.

Un modelo de despido 'agotado'

En el caso de los despidos, se pactaban condiciones muy ventajosas, con programas de rentas y convenios con la Seguridad Social diseñados para poder ser compatibles con el cobre de prestaciones y subsidios y que garantizaban un importante nivel de renta a los afectado. Además, la adhesión a estos despidos quedaba abierta y eran los propios trabajadores los que elegían si apuntarse. Ello redujo la mala prensa de estos recortes y, de hecho, el término "salidas voluntarias" seguía utilizándose incluso cuando el prejubilado había sido víctima de un cese no voluntario.

Para ello contaban con la ayuda del propio SEPE. En el caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, el organismo público cotiza por el equivalente al 125% de la base mínima de cotización, lo que permite a algunas empresas pactar condiciones aún más ventajosas en despidos para los trabajadores senior a cambio de que no vuelvan a trabajar hasta jubilarse. Y rebajar los convenios especiales que pactan con los afectados para nutrir su futura pensión.

Pero ahora ese grifo de dinero público se ha cerrado, a pesar de que las empresas tienen que hacer ajustes para adaptarse a la transformación digital del sector. Ya no es tan rentable echar a los veteranos y la 'cláusula Telefónica', aunque supone un coste reducido comparado con el desembolso total de los programas de ajustes, es cada vez más tenido en cuenta. De hecho, según un estudio de Adecco, la sanción media es de 100.000 euros por persona, el doble de lo que abonó Telefónica por su primer ERE.

Ello lleva a despedir a asalariaos más jóvenes. "El modelo se está agotando y las entidades financieras se han visto abocadas, por diferentes motivos, a gestionar despidos colectivos y a desvincular de sus organizaciones empleados no prejubilables", apunta Adecco, quien incide en que las condiciones de los acuerdos de prejubilación, voluntaria o en el marco de despidos son, además, peores: los programas de renta han pasado de garantizar el 95% del sueldo al 80%.